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La corrupta multinacional brasileña Odebrecht, cuyos tentáculos se extendieron hasta la política y el empresariado colombiano, recibió un parte favorecedor de una de las altas cortes del país: el Consejo de Estado. La Sección Tercera del alto tribunal decidió tumbar la multa que se le había impuesto a la empresa y que tenía como fin reparar a los colombianos por las coimas pagadas para la adjudicación de la Ruta del Sol II y que obligaba a retribuir $800 mil millones a un fondo de víctimas. La decisión, que ha sido criticada como lamentable por algunos sectores del país, va más allá del tema económico, porque, además de no tener que pagar la indemnización, Odebrecht podría volver a contratar con el Estado colombiano.
En contexto: Odebrecht: Consejo de Estado tumbó histórica multa de $800 mil millones
En concreto, lo que hizo el Consejo de Estado fue tumbar una sentencia de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obligaba a Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana del Grupo Aval) y la empresa constructora de Carlos Solarte, a pagar la multimillonaria indemnización. Además de eso, el alto tribunal echó para atrás la inhabilidad a Odebrecht por 10 años para celebrar contratos con entidades estatales. La decisión también levantó la inhabilidad para ejercer cargos públicos contra Gabriel Ignacio García Morales, exgerente encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO); José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; el exsenador Otto Bula y “los tres luises”: Luis Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia; Luis Mameri, vicepresidente de la compañía en Latinoamérica, y Luis da Rocha Soares, exejecutivo de la multinacional que manejaba la oficina de sobornos.
Lo sensible de tumbar esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que, hasta ahora, ha sido la única sentencia en relación con Odebrecht pensada para la reparación de los colombianos y no solo para el castigo a la corrupta multinacional. Por eso mismo, cuando la Procuraduría del momento se planteó la mejor manera para buscar la reparación de los ciudadanos, optó por presentar una acción popular. La decisión del 14 de diciembre de 2018, que tuvo como ponente al magistrado Luis Manuel Lasso del Tribunal de Cundinamarca, ordenaba que la multinacional devolviera la vía al Estado colombiano, que no se cobraran más peajes en la carretera y que la empresa construyera y financiara un fondo para que se finalizara el inconcluso proyecto. Además, se ordenó a Odebrecht pagar a los trabajadores del proyecto sus salarios y liquidaciones.
La génesis de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inició en 2017, un año después de que la empresa hiciera un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ante las autoridades del país norteamericano, Odebrecht reveló que entregó aproximadamente USD$11 millones en sobornos para quedarse con la concesión de la Ruta del Sol II, una vía de 522 kilómetros que va desde Curumaní (Cesar) hasta Puerto Salgar (Cundinamarca). Para eso, se entregaron millonarias coimas a senadores, candidatos presidenciales e incluso al presidente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO).
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El entonces procurador general Fernando Carrillo fue el impulsor de la acción popular que llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ahora, el mismo Carrillo lamenta la decisión del Consejo de Estado y, según su criterio, “el escándalo más grande de los últimos años podría convertirse en la más reprobable vergüenza judicial con la decisión”. La determinación del alto tribunal, en palabras del exjefe del Ministerio Público, convertiría a Odebrecht “en víctimas y no victimarios del Estado”. La preocupación del exprocurador general radica en que el Consejo de Estado consideró que la acción popular vulneró el debido proceso y que el Tribunal no era competente para fallar sobre el caso, algo que podría alegar Odebrecht y los políticos y empresarios a los que se les cayó la inhabilidad.
Ahora, el camino para evitar que todos estos problemas sucedan es estrecho, pues las vías para que la decisión de Consejo de Estado son pocas y tiene pocas probabilidades de prosperar. Para que el alto tribunal revise su decisión solo podría hacerse vía tutela, la cual únicamente podrán presentar la Procuraduría, la defensa jurídica del Estado y el Ministerio de Transporte, para que el Consejo revise lo decidido o, eventualmente, podría ser revisada por la Corte Constitucional.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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