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El abogado Luis Guillermo Pérez, quien defiende los intereses de la exsenadora Piedad Córdoba, señaló que se presentó una declaración ante la Corte Suprema de Justicia para que su cliente amplie su declaración en el proceso por la queja disciplinaria que presentó contra el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Según el jurista, en la queja radicada hace dos años se señala que el jefe del Ministerio Público “se extralimitó” puesto que la acusó ante la opinión pública de ser miembro de las Farc.
Ante esto presentará además pruebas adicionales en dicho reclamo contra el Procurador General en el que se señala que se violentó su presunción de inocencia, así como señalamientos penales en la sanción disciplinaria emitida por Ordóñez Maldonado el 27 de septiembre en la que se le destituyó y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.
“Se le violentó el derecho al debido proceso, como la presunción de inocencia y la condenó ante la opinión de ser miembro de las Farc cuando el proceso en la Corte Suprema de Justicia estaba en ese momento en la fase preliminar”, precisó el jurista señalando las bases de la solicitud.
El abogado precisó además que el Procurador General le envió al Consejo de Estado una carta notificándoles la sanción disciplinaria, “sino la separación definitiva del cargo cuando eso no lo había hecho con ningún congresista”.
En la solicitud de ampliación de la queja contra Ordóñez Maldonado se señala que omitió la práctica de pruebas en el proceso disciplinario que se adelantó contra la entonces senadora, quien fue sancionada disciplinariamente porque su nombre aparecía en los computadores del abatido jefe guerrillero, Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’.
Para el abogado, el Procurador se extralimitó en los conceptos emitidos por su decisión, por haber promocionado y colaborado con la guerrilla de las Farc, “con lo que le hizo un daño a su imagen como senadora y mujer encargada de los temas humanitarios y defensa de los derechos humanos”.