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Las imágenes de civiles utilizando pistolas y hasta fusiles contra la protesta social y la justificación de su uso a través de discursos de legítima defensa y protección de la integridad y bienes privados, han caldeado nuevamente el debate sobre el porte y la tenencia de armas en un país con una aterradora historia relacionada con la incapacidad del Estado de garantizar el monopolio de la fuerza. Uno de los casos más visibles en medio del paro nacional ha sido el de Andrés Escobar. El hombre, llamado a interrogatorio por la Fiscalía, quedó registrado en imágenes portando un arma –según él no letal– con la que realizó varios disparos “para proteger a los policías y al CAI de Ciudad Jardín, en Cali, de posibles ataques de los manifestantes”, dijo.
Esas escenas generaron un llamado del consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, para regular lo que se conoce como las armas traumáticas, las cuales considera similares a las de fuego, incluyendo además un jalón de orejas a los miembros de la Policía que han permitido que se accionen armas contra las multitudes frente a sus ojos. “No es admisible en el Estado de Derecho que miembros de la Policía omitan su obligación legal respecto a personas que emplean, fuera del ordenamiento jurídico, armas de fuego”, dijo Guarín y puso sobre la mesa un asunto que ya tiene antecedentes en el Congreso.
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Después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el gobierno de Juan Manuel Santos tramitó una reforma constitucional para asegurar el monopolio de las armas por parte del Estado y la prohibición de la conformación o el apoyo a grupos paramilitares. Parecía obvio, pero con el cambio lo que se adoptó fue una garantía de no repetición de años oscuros de la historia del país. De esa forma, en caso del nacimiento de nuevos grupos paramilitares, el Estado tendría una corresponsabilidad, por lo que cada gobierno de turno debía ir más allá de las palabras de condena y prevenir la conformación de estas organizaciones irregulares. A pesar de esto, ante los problemas de seguridad en varias ciudades ha habido intentos para flexibilizar el porte y le tenencia de armas.
Con este panorama, vale la pena mostrar un breve contexto sobre el mercado de las armas en Colombia y la aclaración de que, en materia regulatoria, hay diferencias abismales entre las armas de fuego y las traumáticas, porque estas últimas no tienen restricciones. El informe Colombia: un gran mercado de armas sin incentivos para reducirlo, publicado en julio de 2020 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que las políticas nacionales y locales sobre el uso de armas se han enfocado en el consumidor final, “particularmente en los presuntos delincuentes y bandas criminales”, pero han dejado por fuera un control efectivo de la comercialización local e internacional y el uso por parte de otros consumidores, como las empresas de vigilancia privada y los ciudadanos del común.
El documento hace la advertencia de que la información sobre el porte y la tenencia de armas en el país “es poca o de difícil acceso” y por eso acude a cifras independientes de varios años atrás. Por ejemplo, cita un informe de Small Arm Survey, que estimaba que en Colombia, en 2017, había 4’971.000 armas de fuego en manos de civiles, de las que solo el 14 % contaba con algún tipo de registro. Las restantes serían ilegales. “Estos números evidencian que existe una amplia brecha entre las armas en posesión de civiles y las que tienen los organismos estatales de seguridad y la Fuerza Pública y que, además, hay una cifra bastante elevada de armas ilegales (9 por cada 100 habitantes)”, dice el informe.
Manuela Suárez Rueda, investigadora de la FIP y autora de los informes, anotó en un artículo reciente que las armas, sobre todo las de fuego, han sido históricamente utilizadas en Colombia tanto por la delincuencia como para los conflictos sociales y políticos. Esa es la razón por la que, a su juicio, “resulta alarmante que aún haya propuestas para promover el incremento de este mercado, en vez de asegurar primero un absoluto y riguroso control”.
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Las armas en el Congreso
Hoy en el Capitolio hay, por lo menos, dos proyectos de ley que tienen que ver con la regulación del porte de armas y aunque ambos atienden al fortalecimiento del monopolio de estas por parte del Estado, en la minucia de los artículos hay flexibilización. Uno es del Centro Democrático, liderado por los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés. Otro fue radicado por el representante conservador Juan Carlos Wills.
“El proyecto busca mantener el monopolio de las armas en manos del Estado, aumentar las sanciones a quienes no cumplen con la normatividad y busca que quienes tienen problemas de seguridad puedan proteger su vida accediendo a armas de protección, es decir, de bajo calibre, cumpliendo con un trámite exigente”, comenta el representante Garcés, para quien la política de desarme propuesta por el Gobierno Nacional –pero particularmente por el consejero Guarín– ha sido un fracaso, porque limita las herramientas de protección de los ciudadanos, mientras que ha sido deficiente ante las armas ilegales.
Entre los temas gruesos que propone el uribismo está un aumento de multas de uno a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para conductas que puedan volver un riesgo el porte de armas, como el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, disparar en lugares públicos sin motivo justificado, portar el arma o las municiones sin el permiso o la licencia correspondiente o, en caso de personas jurídicas, permitir el porte del arma en lugares no autorizados. El proyecto de Wills, por su parte, es menos ambicioso, pero busca que el Estado pueda suspender permisos de manera excepcional “para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales”.
Específicamente sobre la iniciativa del Centro Democrático, Suárez Rueda asegura que no atiende el real problema de Colombia y, para evitar opiniones, entrega cifras. “En 2018, Colombia fue catalogado por la Journal of the American Medical Association (JAMA) como el quinto país del mundo en muertes por arma de fuego, relacionado con homicidios y suicidios. Además, tiene una de las tasas más altas de homicidios en América Latina, siendo una de las regiones con mayores cifras de violencia del mundo”, explica.
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En ese sentido, asegura que la tasa de armas de fuego por habitantes se ha mantenido estable desde 1992, pero las cifras de uso en la comisión de delitos siguen muy altas. “Parece que armarse no es la solución para bajar la actividad delictiva”, agrega. De hecho, dice la investigadora, ese número sigue en incremento, porque en los primeros cuatro meses de 2021 ha aumentado la participación de armas de fuego en los homicidios, si se compara con años anteriores, desde 2018.
Por otra parte, Suárez Rueda pone en contexto el porte de armas en medio del paro nacional, las que están relacionadas con las protestas y las que, se presume, tienen como responsables a agentes de la Policía: “La Fiscalía habla de 48 muertes, 20 relacionadas con las manifestaciones. Eso es muy grave, pero es más grave aún cuando tienes un gran número que habrían ocurrido con civiles utilizando armas en las calles. Porque no estamos hablando de un contexto del Eln en el Catatumbo, ni de un enfrentamiento con un grupo armado organizado que adquiere armas, sino de civiles en las ciudades”, agrega.
Finalmente, la investigadora controvierte un argumento que se ha utilizado a favor del porte de armas, que son las muertes relacionadas con armas de fuego. “La tasa de armas en posesión de civiles en Colombia es de 10 por cada 100 habitantes. En Estados Unidos es de 120,5 por cada 100 habitantes. Pero en Colombia, de cada 100 homicidios, 18 son con arma de fuego. En Estados Unidos, de cada 100 homicidios, 4,5 son con arma de fuego. Eso debería decir algo (…) la defensa del Estado y de los ciudadanos está en las instituciones. Tener un arma implica un riesgo enorme para una persona y su contexto”.
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