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La representante Jennifer Pedraza llegó al Congreso, entre otras cosas, por su fuerte liderazgo en el movimiento estudiantil que luchó por mejores condiciones para las universidades públicas, mediante una reforma a la Ley 30 de 1992. Ahora como representante por Bogotá, su primera gran apuesta fue una de sus promesas de campaña: rreformar los artículos 86 y 87 de esa Ley, pues considera que con estos se mermó la financiación estatal a las universidades públicas.
El movimiento estudiantil lleva varios años intentando hacer una reforma a la Ley 30. ¿Por qué apostarle solo a la modificación de un par de artículos?
Toda la Ley 30 para mí es equivocada. Tiene muchas cosas que corregir y me parece que no refleja la universidad de hoy. Fue hecha mal, con una perspectiva muy mercantilista de la educación superior. Vengo del movimiento estudiantil que en 2011 intentó hacer una reforma a toda la Ley 30, pero no pudimos ponernos de acuerdo respecto a cómo hacerlo. Hay que reformarla toda, pero creo que eso no riñe con empezar con lo urgente: que nuestras universidades no se quiebren, que tengan cómo contratar profesores, que puedan implementar protocolos para atender y prevenir violencias basadas en género.
En el horizonte tenemos que plantear una reforma global a la Ley 30, pero hoy hay un consenso del movimiento estudiantil sobre cómo deberían modificarse los artículos 86 y 87. Partimos de la propuesta que hizo el Sistema Universitario Estatal y lo mezclamos con otra propuesta en el mismo sentido del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior.
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Y con este proyecto buscan básicamente la “desmercantilización” de la educación superior… ¿Es así?
La apuesta desde 1992 fue reducir cada vez más la participación proporcional del Estado en los sectores que nosotros consideramos derechos. En el caso de la educación superior lo que hicieron fue congelar la plata y los recursos que el Estado le dedicaba a las universidades públicas. De ahí en adelante solo crecía con la inflación. A lo largo de la historia ha habido algunos aumentos adicionales, fruto de marchas, paros estudiantiles y demás.
Eso es crítico, porque no se reconoce que los costos de la educación superior son diferentes a la inflación de la papa, la yuca o la leche, que son cosas que las universidades no consumen, pero además porque las universidades han casi triplicado su cobertura durante esos últimos 30 años. Hoy las exigencias de la juventud no son las mismas del 92 y por eso las universidades han venido atendiendo más gente, con la misma plata del Gobierno. Eso ha hecho que hasta hoy se acumule lo que se conoce como una deuda histórica, que es el faltante de todo lo que el Gobierno le debió haber dado a las universidades para que atendieran esas nuevas necesidades y que hasta 2018 se estimó en $18 billones.
¿Quién y cómo se estimó esa cifra?
El sistema universitario estatal, que son los rectores de las universidades. Es decir, los que hacen las cuentas del presupuesto. Eso nos ha dejado en la quiebra. Las universidades necesitando $18 billones y que no se atienda es muy crítico. Cuando salíamos a marchar antes de 2014 siempre nos decían que no había dinero, que nos pusiéramos la mano en el corazón, pero esa tesis quedó refutada con “Ser Pilo Paga”, que fue un programa de financiación a la demanda. Darle plata a las universidades públicas es financiar la oferta, porque son quienes ofrecen la educación, y darle plata pública a los estudiantes que se gradúan de 11 para que se endeuden y estudien en universidades privadas es financiación a la demanda.
Háblenos un poco sobre el tema de aumentar la base presupuestal, que es la base del proyecto que proponen…
Esto es importante porque esa es la plata que fijo, año a año, se le incrementa a la universidad. No se le puede recortar nunca. Es muy importante porque la mayoría de gastos que las universidades necesitan atender son gastos recurrentes. Nuestra lucha siempre ha sido que la plata que le den a las universidades se mantenga en el tiempo. La base presupuestal es nuestra lucha.
Hoy se conoce como base presupuestal a esa plata que va creciendo con la inflación, porque nunca puede recortarse. Nosotros queremos que la base presupuestal crezca con el índice de costos de la educación superior y otros elementos que están en la fórmula, porque la inflación no refleja ni las necesidades de las universidades ni cómo incrementan los costos de los bienes y servicios que compran, ni aumentos en cobertura, que es un compromiso de este gobierno con la juventud. Gustavo Petro habló de $14 billones para las universidades públicas y creemos que este proyecto de ley va en esa vía.
¿Cómo está diseñada la propuesta de nueva fórmula para el crecimiento de la base presupuestal?
Buscamos modificar el artículo 86 para que la base presupuestal crezca de acuerdo a los costos de las universidades. Ya no crece con el IPC, sino con el Índice de Costos de Educación Superior. Las universidades compran bases de datos en dólares. Si no tenemos bases de datos no hay acceso a papers, publicaciones, investigaciones. Eso nunca lo va a medir el IPC, que mide lo que consumen las familias. Este índice mide los costos de esos bienes que sí demandan las universidades. En la fórmula con la que crece la base presupuestal también hay un incremento para ampliar la planta docente, porque en varias universidades los profesores no dan abasto con tantos estudiantes. También incluimos temas de bienestar universitario y ampliación de cobertura.
¿Cómo se busca saldar esa “deuda histórica”?
Eso no se va a pagar de un día para otro. Es un platal. Nuestra propuesta es crear un fondo para el mejoramiento de la educación superior en el que el Gobierno vaya aportando año a año para diferir esa deuda histórica en unos 10 años y se puede contemplar un horizonte de 15 años, porque se acumularon en 30 años. Las universidades regionales han llevado particularmente “del bulto” y ese fondo tiene el objetivo de cerrar las brechas y mejorar las condiciones, sobre todo, de las universidades regionales.
¿De qué manera están incluidas en el proyecto las instituciones técnicas y tecnológicas?
En Bogotá no hay y por eso nadie habla de eso. El Gobierno no les da plata o les da muy poquita. No tienen una base presupuestal que año a año fijo el Gobierno les dé. ¿Cómo se administra una institución de educación superior con la incertidumbre de cuánto dinero tendrá el otro año? Por eso muchas no tienen cómo formar docentes y, eso sí, para la acreditación el Gobierno les pide los mismos estándares de calidad que las universidades.
El proyecto establece una base presupuestal a estas instituciones de $500.000 millones que se dividirían en 31 instituciones. Suena mucho. El Gobierno dirá que es mucha plata, pero realmente no es tanto porque son 31 instituciones. Esto sería temporal, mientras que en dos años hay una propuesta de ley solo para las instituciones que dictan programas técnico y tecnólogos, pero muchas han empezado a dictar pregrados porque la gente los demanda.
¿Y qué pasa con los posgrados? ¿Cómo se incluyen en la propuesta?
Las universidades empezaron a cobrar matrículas para resolver la plata que el Gobierno no les daba, mayoritariamente en pregrados. Nosotros hoy no tocamos posgrados en el proyecto, porque creemos que es la prioridad. No porque no creamos que debe ser gratuita en posgrados, sino porque creemos que por ahí se empieza. Entonces, el Gobierno le daría a las universidades públicas el dinero que recauda por matrículas para que ellas puedan dejar de cobrar matrículas.
¿Y eso en qué se diferencia al programa “Matrícula Cero” del Gobierno Duque?
Ese programa lo que hacía era girarles por una vez la plata que algunos estudiantes pagaban en matrículas, pero no toda y las universidades dejaron de recibir ese dinero que necesitan.
¿Cree que con esta propuesta se evitarían nuevos paros académicos por parte de las universidades?
Si la base presupuestal se duplica en cinco años, es decir por fuera de este gobierno, sí. Es muy importante para que no estemos haciendo un paro cada cuatro años.
Alejandro Gaviria, ministro de educación, mencionó durante el proceso de empalme la prioridad de inyectar más recursos a la educación superior. ¿Qué tan sintonizado está el Ministerio con este proyecto?
Ellos tienen unas discusiones técnicas sobre algunos puntos, como en cuánto tiempo se difiere el pago de la deuda y los componentes de la fórmula que proponemos. Por supuesto estamos en absoluta disposición de tratar en mesas técnicas. Pero también le hago un llamado al movimiento estudiantil y es que al final esto depende que se entienda que es una causa de la sociedad colombiana y que estemos atentos a presionar que haga parte de la prioridad presupuestal del Gobierno, que se eligió con estas banderas. No nos podemos dormir porque igual creo que vamos a tener que presionarlo.
¿Y notaron ambiente de concertación por parte del Ministerio?
Sí. Yo estuve en el movimiento estudiantil hasta 2022 y nunca hubo disposición de ningún Gobierno para hablar de una reforma a estos artículos. Ni Santos, que quería reformar la Ley 30 para mal y para legalizar el ánimo de lucro, ni Duque. En ese sentido creo que es un buen paso que haya disposición política del Ministerio de Educación para hacer mesas técnicas y discutir el proyecto.
Aunque el Icetex no se toca en este proyecto, ¿qué consideraciones tiene sobre la entidad? ¿Se debe acabar?
La verdad no estoy de acuerdo con acabar el Icetex. Hubo personas que lo prometieron en campaña, pero no creo que esa sea la alternativa. Hoy las universidades públicas no pueden atender al 100 % de los estudiantes que están en educación superior. Punto final. Eso significa que el Estado también debe apoyar a quienes decidan estudiar en universidades privadas. El punto es que la gente no se endeude porque sea la única alternativa que tuvo y no pudo pasar a universidad pública. El problema es que los recursos que el Gobierno destina al Icetex incrementaron en 1.763 % de 2002 a 2018. No es acabar el Icetex, no es que no haya programas de créditos condonables, el problema es que eso no desplace a las universidades públicas en la prioridad del presupuesto.
O sea que la propuesta no es acabar programas como “Ser Pilo Paga”…
Pueden ser programas complementarios. El problema es que son costosos. Ese dinero lo necesitan las universidades públicas, que aumentan mucho más la cobertura para una diversidad de personas que estudian allí. No soy enemiga de las universidades privadas, sino que creo que la prioridad del Estado es atender a sus “hijitas” de las universidades públicas.
En estas primeras semanas de Congreso se han presentado muchísimos proyectos, pero se ha priorizado la discusión de las grandes reformas. ¿Qué ambiente ve para discutir el proyecto?
No es una de las prioridades, claramente, pero hemos conseguido unas 22 firmas para este proyecto. Sé que hay personas que quieren firmalo, pero primero quieren que les aclaremos dudas. Me alegra que estemos en un Congreso que quiera leer los proyectos que firma. En general veo un ambiente positivo. Con Ariel Ávila y Gabriel Becerra vamos a jugárnosla fuerte porque para nosotros es un proyecto que recoge las luchas de nuestra vida. No es un proyecto de Jennifer, es del movimiento estudiantil y profesoral, que recoge décadas de trabajo del movimiento social de la educación. No es momento para que el movimiento estudiantil se relaje, sino que por el contrario presione.
Pero una vez se anunció el proyecto, desde el movimiento estudiantil dijeron que no era suficiente reformar solo dos artículos. ¿Hubo proceso de concertación con esos movimientos?
Antes de radicar el proyecto hicimos una reunión con la mayoría de sectores organizados del movimiento estudiantil. Hicimos varios ajustes que nos sugirieron, muchos de esos con toda la razón. Sin embargo, hay un debate legítimo sobre reformar sólamente esos dos artículos sino toda la Ley 30. Estoy súper de acuerdo. El punto es que, si hoy estamos en este agarrón para un consenso frente a dos artículos, reformar toda la Ley 30 requiere un tiempo de debate y discusión.
Estoy dispuesta a meterme en esa tarea, pero creo que no podemos dejar pasar la oportunidad histórica que tenemos por la composición de Congreso y los compromisos de este Gobierno. No podemos presentar esto en el tercer año, porque no sabemos que vaya a pasar después. Ojalá no vuelvan a ganar las elecciones los mismos que ganaban antes, pero no podemos perder esa oportunidad histórica.
A largo plazo, ¿cómo se incluirá la educación media y básica en esta serie de reformas educativas?
Respaldo mucho la exigencia que ha hecho el magisterio de una reforma al sistema general de participaciones. Ellos lo ganaron en 2018, quedó en el Plan Nacional de Duque, pero el Gobierno les hizo conejo y no cumplió. Creo que eso hay que ponerlo en el Plan Nacional de este Gobierno para que haya realmente una reforma concertada con el magisterio. Eso es clave para que, por ejemplo, los colegios se les dejen de caer los techos, puedan cerrarse las brechas entre la educación pública y privada, haya jornada única.
Por Felipe García Altamar
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