Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Quienes hacen las políticas de drogas en Colombia, legisladores y Gobierno, parecen psiconautas primíparos.
Por estos días se los ve padecer de confusión, pérdida de memoria y distorsión de la realidad; los males de siempre que pregonan los políticos de las sustancias psicoactivas. Pero como suele suceder con las drogas, los resultados de estos estados alterados en los hacedores de políticas de drogas son mixtos (a propósito, de cada diez personas que consume drogas, según datos recientemente publicados por The Lancet, solo uno desarrolla un consumo problemático).
Al uribismo, hay que reconocerlo, este cambio les ha sentado bien. A los del Gobierno —quién lo habría pensado de supuestos sibaritas de cocteles capitalinos— andan, en cambio, en un mal viaje difícil de explicar.
Luego de intentar penalizar la dosis mínima de drogas durante su administración en repetidas ocasiones, ahora un proyecto de ley con la firma del presidente Uribe está siendo presentado por sus huestes en el Congreso para permitir y promover la provisión de drogas a personas adictas “de manera gratuita y decreciente (…) en el curso de un tratamiento médico de rehabilitación a los pacientes”. Hay que tener o mala memoria, o un cierto grado de confusión de la realidad, para sostener que esta no es una incoherencia con una línea política del pasado.
Una incoherencia ciertamente bienvenida. La propuesta liderada por el representante Samuel Hoyos avanza en puntos importantes que organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales habían estado pidiendo hace rato: una forma de salir de la trampa de la ilegalidad de las drogas en la provisión de tratamientos.
El proyecto de Hoyos incluso propone que sea el Estado quien produzca las drogas. La propuesta no es nueva. De hecho, se parece mucho a la que hizo Gustavo Petro durante su Alcaldía y que, como suele sucederle a los gobernantes de izquierda, fue recibida con un nivel de escándalo muy superior al rumor tierno que ha acompañado esta vez la propuesta del uribismo.
Del otro lado, sin embargo, el viaje de Santos por las mareas ascendentes de la hoja de coca parece que le está cayendo mal. Después de llegar de la cumbre sobre drogas citada en la ONU, donde el presidente denunció el fracaso de las viejas políticas, el Gobierno ahora insiste en la fumigación con glifosato. Como han repetido expertos en el tema, esta estrategia funcionaba poco desde aviones, y funcionará mucho menos desde el terreno. La insistencia además se hace a costa de la vida de los erradicadores y policías, que serán enviados a desocupar un mar lleno de tiburones utilizando un dedal.
Ante este panorama el grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha participado de manera vigorosa en el debate sobre política de drogas está desorientado. No es fácil entender qué pasa en uno y otro lado. Los enemigos de antes parecen los amigos de ahora, y viceversa. Además de un poco de paciencia para ver el desenlace de los transes del uribismo y el Gobierno, aquí vale la pena tener la mente abierta para encontrar nuevos aliados, en un tema en el que el discurso de salud pública y derechos humanos parece estar filtrándose por grietas inesperadas.
Conoce más