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Luciano Camayo fue un recluso que, en 2004, pagó la condena que le impuso su comunidad indígena en la cárcel de Silvia, en el corazón del Cauca. El cabildo de Honduras, en el municipio vecino de Morales, lo sentenció por homicidio y lo obligó a recibir nueve juetazos ante su comunidad y a pagar cuatro años de prisión en una cárcel de mestizos. Camayo participó en un programa piloto de resocialización a través de actividades del campo, un proyecto que, con el tiempo, fue perdiendo fuerza. Sin embargo, a partir de este 2024, regresa a través de un megaproyecto que promete ser la primera reclusión con enfoque completamente indígena en la historia nacional y de Latinoamérica.
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Este año inicia la construcción de la Colonia Agrícola de Silvia, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Popayán, dentro de las montañas caucanas en las que se esconden las disidencias de las Farc. Un proyecto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que costará $58.000 millones y que tendrá tres años para ejecutarse. Para la construcción fue contratado por el Estado el consorcio Silvia BO2, el cual deberá adaptar un terreno en zona montañosa para crear la primera reclusión pensada desde cero para población indígena. Tendrá 500 cupos y allí serán llevados comuneros y autoridades indígenas que sean condenados por sus propias reglas en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
La Colonia Agrícola de Silvia será construida en la vereda El Tablazo, a poco más de un kilómetro del casco urbano. Será un complejo penitenciario distinto al que ya se ubica en otra zona del municipio, el cual tiene capacidad para 100 internos y que tiene 80 años de antigüedad. Según Pablo Andrés López, quien dirige la prisión existente, “la Constitución dice que en Colombia existe la jurisdicción ordinaria e indígena, pero todos los centros penitenciarios están construidos y enfocados en la ordinaria. Nos hemos olvidado de que los gobernadores indígenas son jueces constitucionales en sus comunidades y que les ha tocado ir de puerta en puerta buscando que les reciban comuneros que cometieron delitos”.
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A corte de junio de 2024, hay 1.628 reclusos de origen indígena en las más de 100 prisiones en Colombia, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El cálculo supone que la Colonia Agrícola tendría capacidad para el 30 % de esa población. De acuerdo con Juan José Casafranco, subdirector de Seguimiento a Infraestructura de la Uspec, cuando una comunidad indígena encuentra responsable de un delito a un comunero, tiene dos opciones: pueden enviarlo a un centro de armonización dentro del mismo resguardo; o, si la persona tiene que cumplir una pena muy alta o representa un grave peligro, la autoridad utiliza la figura de “patio prestado” y solicita al Inpec un cupo dentro de las cárceles de la justicia ordinaria.
En 2021, además, la Corte Constitucional determinó cuatro causales esenciales por las que un indígena podría terminar en una prisión del Inpec, entre ellas, determinar si los hechos fueron cometidos en el territorio ancestral y verificar si las autoridades indígenas tienen los mecanismos para avanzar en investigaciones penales complejas. En este caso, la Colonia Agrícola de Silvia será la conjunción entre una prisión de armonización ancestral y una prisión con las características del Inpec. Se espera la llegada de reclusos por parte, principalmente, de indígenas Nazca y Misak, además de los resguardos Pitayo, Guambia, Ambaló, Usenda, Quichaya, Quizgo, Usenda y Valle Nuevo, que constituyen el municipio de Silvia.
“En la parte superior de la colonia, se va a construir una tulpa (espacio de diálogo que representa una hoguera comunitaria) con toda la cosmogonía ancestral de los pueblos indígenas de allí. Será fundamental para los procesos de armonización, que, para nuestro entendimiento, es la resocialización”, explicó Casafranco. El director López agrega que, según las tradiciones locales, serán las mismas autoridades indígenas las que entreguen y recojan a los presos en el proceso de condena. La colonia tendrá, como lo dice su nombre, un proyecto productivo de cultivos para el sostenimiento de los internos y espacios propios para talleres y aulas educativas relacionadas con las costumbres propias de las comunidades.
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Aunque la fecha de inicio de obra estaba pensada para el pasado 9 de mayo, los encargados de la obra responden que está en fase de revisión final de estudios y diseños. Una vez superada la planificación con las autoridades indígenas, iniciará la construcción de la infraestructura de servicios públicos, como el alcantarillado y la energía eléctrica. Asimismo, ya se gestionó como centro de deposición de residuos una escombrera en la jurisdicción de Popayán y otra en la de Puerto Tejada. El municipio promete generar centenares de empleos para la construcción y espera recibir réditos por concepto de hospedaje, alimentación y transporte.
No obstante, el proyecto no es del gusto de todos. Parte de la población mestiza ha puesto constantes trabas en las reuniones de socialización pues, en general, no entienden por qué el Estado invierte en prisiones, teniendo tanto por hacer en otros aspectos, como educación, salud, infraestructura, transporte o seguridad, por ejemplo. Otras voces cuestionan el hecho de que Silvia pueda convertirse en una especie de meca del crimen en la región, al llevar tal cantidad de prisioneros indígenas. No obstante, la Colonia Agrícola de Silvia está a punto de ser una realidad y convertirse en la gran apuesta del Estado para “armonizar” a la población indígena.
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Jhoan Sebastian Cote Lozano
@SebasCote95
jcote@elespectador.com
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