Acuerdo nacional por una paz sostenible

Sin embargo, el camino a tal sueño no deja de tener dificultades, que no sólo son políticas. A éstas sumemos el riesgo del cambio de brazalete para muchos actores del conflicto, que de no encontrar un camino claro en ese escenario, pueden fácilmente terminar en el Eln o las bandas criminales, transformando el tipo de acción delictiva.

Una de esas dificultades es justamente la que enfrentamos en materia económica. Me refiero no sólo al costo mismo del proceso que, querámoslo o no, nos corresponde asumir, aspirando a que éste tenga el dividendo económico que se nos ha anticipado puede llegar, y que a juicio del DNP puede ser de hasta casi 2 puntos porcentuales adicionales en crecimiento.

Me refiero al impacto que sobre la frágil clase media habrán de tener en el corto plazo, la difícil coyuntura actual así como la implementación de nuevas formas de financiamiento de la ya muy apretada situación fiscal del país, y las necesidades de gasto e inversión pública que tenemos y que son deudas históricas que no hemos terminado de pagar (ejemplo de lo cual es la realidad del agro o las necesidades en salud, justicia y educación).

Para alertar sobre lo anterior, consideren ustedes el aumento reciente en la tasa de desempleo (que al mes de marzo llegó de nuevo a una cifra de dos dígitos), el persistente aumento de la inflación (que en cifras anualizadas se aproxima peligrosamente al 8 %, es decir, el doble de la meta de la autoridad monetaria, con su impacto negativo sobre la capacidad adquisitiva), la desaceleración en el crecimiento (que incluso para el Banco Central ya no tiene como promedio más probable el 3 sino un 2,5 %). Estas cifras sin aún incorporar los efectos adversos que podría tener el aumento en la tasa de interés interbancaria por parte del Banco Central al 7 %. A todo lo anterior, es necesario incluir las preocupaciones adicionales sobre el creciente déficit fiscal, alimentado por un choque de enormes proporciones, como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo que hace algunos años llegó a representar 50 % de las exportaciones, 7 % del PIB y 18 % de los ingresos fiscales.

Si a todo lo anterior le agregamos una reforma tributaria que termine gravando en exceso a dicha clase media, a la vuelta de algunos años tendremos un nuevo conflicto social, que exacerbará los rezagos de violencia que queden después del acuerdo con las Farc, y pondrán en duda para ese momento la estabilidad misma de la paz a mediano y largo plazo.

Como lección histórica, Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial, saliendo de una de sus peores crisis económicas y sociales, logró hacerlo bajo la conducción de su primer ministro, Clement Attlee, apelando al sacrificio y a una intervención importante del Estado en materia de política social, pero especialmente gracias a un gran acuerdo nacional de empresarios, sindicatos y gobierno, que fijó prioridades de actuación prudentes en los aumentos de precios, salarios y costos, que mantuvieron a raya la inflación, así como acuerdos de desarrollo productivo tripartita de largo plazo.

El caso colombiano requiere un gran acuerdo en lo económico para implementar una reforma tributaria justa y sensatamente pagable, para ordenar fiscalmente la descentralización fiscal que hoy no es sostenible, para acabar con el cáncer de la corrupción y para sincerarnos en acciones duras contra la evasión y el abuso en paraísos fiscales.

Transitemos de un acuerdo político de “Unidad Nacional” a un verdadero acuerdo nacional que piense en el futuro de un país con una paz genuinamente sostenible.