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La devolución de unos terrenos ubicados en un caserío de Punta Canoa, en la Boquilla (Cartagena), tiene en vilo a un exfuncionario de la Fiscalía que hizo parte de la administración del exfiscal general Eduardo Montealegre. Se trata de Robinson Sanabria Baracaldo, quien para 2014, fungía como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, y cumplía funciones de jefe de la Unidad para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial. El exfuncionario pasó de investigador a investigado, luego de tomarse atribuciones en medio de un proceso que se adelantaba en la ciudad amurallada. Por esos hechos, está llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Lo que reposa en el escrito de acusación contra Sanabria Baracaldo, y que conoce el despacho de la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Blanca Barreto es que, para agosto de 2014, en la seccional de Cartagena se adelantaba un proceso judicial en contra de Alfredo Gutiérrez, Germán Ballesteros y Pablo Vaca por el delito de fraude procesal. Los hombres fueron denunciados por dos familias de Cartagena quienes reclamaban los terrenos ubicados en Punta Canoa que estaban en poder de los procesados. El expediente pasó por preclusiones y apelaciones, hasta que finalmente les dieron la razón a los denunciantes.
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El trámite para la devolución de los terrenos empezó en cabeza de la Fiscalía que realizó la medición de los predios, identificó sus límites, e hizo el estudio de los títulos. Todo estaba listo para que los primeros días de diciembre de 2014, las dos familias tuvieran las propiedades nuevamente en su poder. No obstante, una movida de Alfredo Gutiérrez y su hermano Carlos Gutiérrez, retrasó el operativo. Es en este momento que aparece en escena el exfiscal Sanabria Baracaldo quien, aunque estaba designado para la Seccional de Bogotá, se reunió a las afueras de su despacho, en una cafetería, ubicada al norte de Bogotá, con Carlos Gutiérrez.
El resultado de esa reunión terminó en una llamada del exfiscal Sanabria al entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Dany Julián Quintana, en la que le ordenó suspender el operativo de entrega de los terrenos. Lo que reposa en el escrito de acusación es que, además de esa orden, el exfiscal se comunicó con Raúl Cruz, quien fungía como jefe de investigaciones del CTI y le dio instrucciones de verificar en qué consistía la labor que estaban realizando los funcionarios en Cartagena. Entre otras cosas, solicitó información reservada de la investigación como el tipo de diligencia que se adelantaba y el delito que se estaba indagando.
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Aunque Sanabria Baracaldo se inmiscuyó en diligencias que estaban en poder de otro despacho y en otra ciudad, y en ningún momento sus órdenes quedaron consignadas por escrito o a través de un correo electrónico, la fiscal del caso decidió seguir adelante con la intervención y se terminó haciendo el operativo de entrega de terrenos. Con esas irregularidades a la vista, se dio paso a la investigación que hoy tiene ante los estrados al exfiscal Sanabria. La entidad de la que hizo parte, ahora, lo señala de cometer conductas “en la modalidad de dolo” puesto que conocía que intervenir en un procedimiento que no era de su conocimiento “era un acto arbitrario”.
“Simultáneamente se trató de una conducta injusta puesto que conocía los daños que generaría con su actuar, como lo fue el desprestigio de la administración de justicia y el deterioro de la confianza de los coadministradores poniendo en riesgo la realización de la diligencia ordenada por autoridad revestida para ello y como resultado de una decisión en el marco de un proceso penal. Con su actuar se puede afirmar que Robinson Sanabria lesionó el bien jurídico de la administración pública sin que exigiera justa causa. Es posible hacer juicio de reproche porque el funcionario estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento”, dice la acusación.
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Por estos hechos, la Fiscalía llamó a juicio a Sanabria por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. La magistrada Barreto, por su parte, será la encargada de analizar, no solo el escrito de acusación, sino también las entrevistas hechas al exfiscal Eduardo Montealegre, al exvicefiscal Jorge Perdomo y al exdirector del CTI, Dany Julián Quintana, entre otras, y 17 pruebas documentales y testimoniales que darían cuenta de la posible responsabilidad del exfiscal en el procedimiento que, pese a su intervención al parecer ilegal, no sirvió de nada pues los terrenos fueron entregados a sus destinatarios.
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