Policías serían responsables en nueva muerte de civil en Nariño

Pese a que los uniformados aseguraron que el hombre había sido conducido a una celda por «motivos de seguridad y protección», testigos señalaron que los agentes se lo llevaron desde la plaza central del pueblo en plenas celebraciones del festival de Blancos y Negros a la fuerza.

Sin mayores explicaciones, Pablo Fernando terminó encarcelado en un calabozo muy cerca al que también terminaría siendo conducido su primo al poco tiempo, luego de llegar a buscarlo a la estación tras enterarse de la irregular “captura”; circunstancia ante la que al parecer los policías también determinaron retenerlo en una celda situada muy cerca de la oscura y pequeña en que se encontraba su pariente.

A medianoche, 25 minutos después de que Pablo Fernando ingresara a la estación “en perfecto estado”, fue trasladado en una patrulla a urgencias del centro de salud de la población con los signos vitales débiles y con una hemorragia interna que le causó la muerte.

Las personas que pudieron verlo no dudaron en afirmar que el cuerpo del hombre de 32 años presentaba notables signos de tortura, producto de los golpes que habría recibido en el rostro y sus brazos; sin embargo y pese a los rastros de violencia que registraba a simple vista, los uniformados aseguraron que había muerto por un ataque de epilepsia.

No obstante que el diagnostico del Hospital indicaba ese mismo hecho como causa del deceso, sin embargo en sus consideraciones manifiesta que el cuerpo de Pablo registraba varios huesos rotos, reiterados golpes en la cabeza y roturas; circunstancias producto de las cuales sus familiares exigían una explicación sobre este caso.

Muchas eran las preguntas que se hacían. Algo no les cuadraba a sus familiares, quienes manifestaron que su hijo, hermano y tío nunca había sufrido de dichos ataques. Más aún no entendían por qué había sido traslado a la estación de la policía si «estaba sentado, tomando trago en una festividad, y no le estaba haciendo daño a nadie».

Su primo aseguraba que desde la distancia pudo escuchar como durante el poco tiempo que duró su primo en la celda pudo escuchar lamentos por parte de él, suplicas y groserías e insultos por parte de los agentes de la Policía. Incluso, aseguró su familiar, lo habrían atacado con gases lacrimógenos lo cual le pudo haber provocado una reacción interna que causó la mortal hemorragia.

Sin embargo, los policías hicieron caso omiso a estos cuestionamientos, y nunca respondieron a los cientos de interrogantes que tenían los familiares de Pablo Fernando, quienes aseguraron en ese momento hacer justicia y descifrar el por qué y el cómo de la muerte de su ser querido.

El proceso

Una luz de esperanza y esclarecimiento de los extraños hechos apareció cuando emprendieron una acción legal contra el teniente Andrés Acosta Sarasty, comandante de la Policía de Leyva y los agentes que estaban allá el día de los hechos.

En ese momento, cuatro familiares de Pablo Fernando quienes habían presenciado la manera en cómo los policías se habían llevado al hombre de la plaza del municipio sin ninguna orden judicial y las torturas que este habría sufrido en su celda manifestaron que iban a hablar ante la justicia.

Igualmente se pudieron recolectar los libros de registros de la estación de Policía en la que se advertía que Pablo Fernando había entrado en perfecto estado y “sin ningún maltrato físico”, problema de salud o seña de violencia.

Además, se pudo conseguir además el registro de ingreso en el centro hospitalario en que se señalaba que el hombre de 32 años había llegado con vida, sin embargo pese a los intentos de reanimación de los médicos había muerto en consecuencia a las graves heridas de los golpes.

Con todo esto, los familiares y allegados a Pablo Fernando estaban casi seguros que iban a demostrar que su hijo había sido asesinado por los policías, que sin razón alguna se lo habían llevado de un lugar público a una celda y allí lo habrían torturado hasta producirle una herida mortal.

Sin embargo la luz de esperanza se esfumó cuando sistemáticamente los cuatro familiares del muerto que iban a ser testigos en su caso fueron asesinados «con arma de fuego» en menos de 18 meses.

Ante estos hechos el temor se tomó a otros testigos que iban a declarar en el proceso. Lo único que le quedaba a la defensa de Pablo Fernando era buscar pruebas científicas que indicaran las verdaderas causas de su muerte, hecho por el cual hicieron una solicitud con el fin de exhumar el cadáver de Pablo Fernando con el fin de hacer un nuevo estudio forense.

Sin embargo, esta solicitud fue omitida por los cuatro fiscales que pasaron por el caso, señalado que ya existía una necropsia en el que se aseguraba que la muerte de hombre había sido por una autoflagelación puesto que se había colgado en su celda lo que le habría producido un ataque cardiorespiratorio.

Pero varias irregularidades y datos inexactos dejaron muchas dudas en el ambiente, hecho por el cual se precisaba en la solicitud que era necesario hacer un nuevo estudio con el fin de determinar si existía alguna sustancia en el hígado que permitiera inferir algún envenenamiento, posiblemente por el gas pimienta que le habrían hecho ingerir.

Ante esto, las reiteradas omisiones y rechazos por parte de los investigadores de la Fiscalía, se presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se hiciera el traslado de la radicación del proceso a la capital de la República con el fin de darle un nuevo aire.

Sin embargo, y después de presentar una tutela en contra de la entonces fiscal General, Viviane Morales Hoyos en junio de 2011 para que se diera rápida respuesta, el proceso fue enviado a un juzgado de Cali donde también se han registrado serias omisiones e irregularidades en el proceso de recolección de pruebas y entrevistas a los pocos testigos que aún quieren hablar.

“No obstante se sigue pidiendo que sea enviado para la ciudad de Bogotá, en donde se espera la transparencia, la celeridad y protección a los familiares, antes que sean también ultimados”, precisó una de las partes interesadas.  

Este proceso está bajo la obvervación, análisis y vigilancia de la ONG Corporación Anticorrupción Interncional (Coraci).