Cuando la salud es protagonista

Tuvo más de forma que de fondo la audiencia pública que por orden de la Corte Constitucional, CC, tuvo que organizar a regañadientes el Ministerio de Salud para que las EPS les pidieran perdón a los pacientes llamados “de alto costo”. El evento se realizó el viernes pasado. Sólo asistieron 10 EPS y otras 40 enviaron videos. Si bien algunas reconocieron sus errores y presentaron excusas, la mayoría evadieron el tema de fondo e inclusive algunas aprovecharon para tratar de promocionarse. Se le dio tan poca importancia institucional, que ni el ministro de salud ni sus viceministros asistieron.

La intención original de la CC era buena. A raíz de la frecuente negación de las EPS a las demandas de atención de pacientes con enfermedades graves y costosas, y de los incumplimientos del ministerio de salud en cuanto a lo ordenado por la Corte para que regulara e informara al respecto, se trataba de un acto simbólico de reconocimiento y reparación a las víctimas. No hubo reparación alguna. Peor aún, no se insinuaron mecanismos para corregir las fallas, ni compromisos de no repetición. En la boca de todos quedó un sabor más agrio que dulce. Y en las conclusiones de los asistentes la certeza de que no es por la vía de los actos formales sino de los cambios reales por donde debe transitarse para lograr garantizar la atención y los derechos.

El pulso por el Imatinib – un medicamento eficaz para controlar ciertos tipos de cáncer pero de un costo excesivo en Colombia – está llegando a su punto más crítico.

Ha habido un largo proceso y fuertes presiones de parlamentarios y funcionarios de alto nivel, en especial de Suiza y de las trasnacionales de medicamentos. El ministro de salud anunció que, acogiendo el concepto de un calificado comité técnico, emitiría un acto administrativo declarándolo de interés público. Al momento de escribir esta columna aún no lo había hecho. El jueves pasado fue citado a la presidencia de la República para una reunión sobre el tema con el propio presidente, la recién designada ministra de comercio y el superintendente de industria y comercio. Todavía no se conocen las decisiones finales. Pero al parecer en el ministerio de comercio y la respectiva superintendencia, a quien correspondería licenciar la patente del medicamento, priman todavía los intereses comerciales.

El tema de fondo sigue siendo qué debe primar entre los derechos de propiedad intelectual, el lucro empresarial y la salud pública. Para quienes priorizamos la salud pública resultan absolutamente inaceptables las afirmaciones del exsuperintendente de salud Gustavo Morales Cobo, actual presidente de Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo). Le dijo a la Revista Semana: “Aquí no hay ningún argumento de salud pública… Esto no es una discusión de salud pública. Es una discusión entre empresarios…” (No. 1774, p. 57). Claro que sí es un problema de salud pública por cuanto implica la posibilidad real de vivir o morir de muchas personas, el acceso a los medicamentos y la racionalidad de sus costos para el sistema de salud.

Por lo tanto: hay que seguir vigilantes y en alerta roja hasta que el gobierno de Colombia sea capaz de hacer lo que ya han hecho los de otros países, con dignidad y conforme al ordenamiento internacional: anteponer la salud pública a la ganancia desmedida de las multinacionales de los medicamentos. Debemos esperar que así suceda. O estar dispuestos a continuar trabajando hasta lograrlo.

Médico social.