‘Reconciliación: el gran reto’

Que se haga efectiva la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras ya no es una preocupación exclusiva del Gobierno o de Colombia. En su más reciente informe, divulgado hace unos días, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA) dejó en evidencia que también tiene serias inquietudes frente al tema (ver infografía). Para el organismo, es alarmante que en las zonas donde se están ejecutando procesos de restitución persista la inseguridad en perjuicio de líderes o beneficiarios que desean retornar a las propiedades que alguna vez fueron suyas.

La Mapp-OEA resaltó que, hasta la fecha, la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas tiene 8.087 solicitudes, correspondientes a más de 549 mil hectáreas. Los departamentos con mayor número de este tipo de requerimientos son Meta, Casanare, Antioquia, Arauca y Bolívar. A la vez, anota la misión, las regiones donde las restituciones se ven más en riesgo son Catatumbo, Cauca, Chocó, Córdoba y Urabá.

El otro punto fundamental del informe es la suerte de los excombatientes que intentan reintegrarse a la vida civil. La Mapp-OEA expone que para los desmovilizados ha sido bastante difícil hacerse camino en el mercado laboral. “Esta es la parte más difícil, porque es la que indica que ha habido reconciliación. Los desmovilizados prefieren no decirles a sus empleadores que estuvieron en la guerra porque creen que los despedirán. Como Gobierno no podemos ofrecerles empleo, pero sí formarlos para trabajar; sin embargo, si la sociedad no está dispuesta a abrirles un espacio, es muy difícil que este proceso sea exitoso”, señaló Joshua Mitrotti, director de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración.