Choque por una llamada

Mientras que la jueza relató que el fiscal la llamó ese domingo a las 11:00 de la noche para amenazarla, el representante del ente acusador se defendió diciendo que lo hizo en solidaridad judicial para advertirle de un recurso de hábeas corpus que de prosperar podría representar una investigación en su contra.

El escándalo se desató tras una publicación de la revista Semana en la que se reveló que la jueza le contó el incidente a una firma de investigadores privados, a la que le indicó: “Me dijo que esperaba que en derecho resolviera, porque quedaba muy preocupado por mi integridad física. Le dije: si debo entender que sus palabras son de amenaza de muerte, en derecho resolveré”. Esta versión se la dio el pasado 23 de febrero a la investigadora privada Sandra Milena Miranda, quien labora para la Agencia Nacional de Investigadores, grupo que actualmente trabaja en la defensa de María del Pilar Gómez y la abogada Aydé Acevedo, acusadas en el proceso.

De acuerdo con la jueza Cervera, ella le relató el caso al CTI en noviembre del año pasado, justo cuando llegaron a hacer una inspección a su despacho por una denuncia que puso la Procuraduría contra el fiscal. “No puse la denuncia al día siguiente, porque no quería suscitar más polémica y mucho menos que se pusiera en tela de juicio mi decisión. No quiero hablar más del caso y quiero esperar resultados de las investigaciones de las autoridades”, puntualizó.

La fecha de la declaración dio pie a cuestionamientos contra la jueza, por haberla hecho después de tanto tiempo. Sin embargo, según Freddy Garzón, miembro de la Agencia de Investigadores, pese a que la declaración les fue dada en febrero, era un hecho que ya había sido denunciado ante las autoridades competentes. “La investigación la adelanta la Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal. El de la llamada es tan sólo uno de los episodios que se suman a otros, como mensajes por Facebook y el correo”, aseguró Garzón.

Frente a esta denuncia, el fiscal González calificó la declaración como calumnia. “Yo hablé con la jueza para avisarle que las detenidas iban a presentar un hábeas corpus. Me preocupaban, esas fueron mis palabras, las consecuencias para ella si prosperaba el recurso, es decir, le podían compulsar. Pero decir que era una amenaza es absurdo”, explicó el fiscal, quien agregó que le extrañaba que Cervera, quien ya no es jueza sino secretaria en el Juzgado 50 Penal del Circuito Foncolpuertos, revelara las supuestas amenazas tantos meses después. “Cómo es posible, además, que la jueza que dejó en libertad a las dos sindicadas, ahora aparezca como testigo a favor de ellas”, arguyó el fiscal González, quien precisó que la demandará.

Llamada irregular

Independientemente del contenido de la conversación, sea o no cierta la supuesta amenaza, el sólo hecho de la llamada que le hizo González a la jueza Cervera es hoy el principal argumento que tienen los defensores para pedir el cambio de fiscal y una investigación disciplinaria en su contra, basados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe conversaciones privadas de las partes procesales con el juez. Al menos así lo hicieron saber los abogados Jaime Granados, defensor de Laura Moreno, y David Teleki, representante de Jessi Quintero. El único que rechazó esta posición y la denuncia fue el abogado Jaime Lombana, apoderado de la familia Colmenares.

“No soy testigo de cuando llamó el fiscal a la jueza e ignoro el contenido de la conversación. Sin embargo, como defensor, lo importante es que el fiscal ya reconoció que hizo esa llamada y este sólo hecho ya se constituye en una falta contra los deberes como fiscal. La ley prohíbe este tipo de conversaciones”, dijo Granados, y agregó que es un hecho que amerita una investigación disciplinaria y por eso lo denunció ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y pedirá al fiscal general que lo retire del caso.

Por su parte, el abogado Teleki fue más duro al expresar que la acción del fiscal es “una demostración palpable de la impotencia, porque no tiene nada sólido. Todos son embustes, mentiras, y por el desespero recurren a amenazar funcionarios judiciales. Lo decimos tajantemente, porque explique lo que explique, hay una verdad indiscutible y es que él no tenía por qué llamar a ninguna funcionaria judicial. Es un atrevido y le está faltando a la dignidad de la justicia. Se protege bajo el manto de que todo el mundo lo quiere sacar del proceso, como si fuera la gran joya del derecho, cuando la verdad es que las únicas víctimas acá son las procesadas”.

Por su parte, el abogado Jaime Lombana expresó que pese a que para la época de los hechos él no representaba a la familia de la víctima, considera muy raro que hoy se hable de una amenaza. “Es que ningún fiscal se atreve a amenazar a un juez. Es un hecho que no puede ser cierto”, indicó. Sobre el cuestionamiento de la llamada, Lombana dijo que es algo que en el mundo judicial existe: en casos muy excepcionales, alguna de las partes llama al juez por diversos motivos. “No tengo nada más que decir. Este es un caso complicado, donde hay mucha corrupción”, concluyó Lombana.

La próxima audiencia en el caso Colmenares será el jueves, cuando un juez tendrá que resolver las nulidades solicitadas por los defensores, quienes argumentaron que hay falta de claridad entre los cargos imputados y los hechos.