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Mientras Colombia atraviesa una grave crisis de derechos humanos y se encuentra ad portas de una visita por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación en el territorio nacional, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, pasa una de las pruebas más críticas desde que llegó al cargo. No sólo ha estado en la palestra por cuestionamientos a su labor, sino que pronto se enfrentará a una decisión fundamental: una demanda contra su elección que llegó al Consejo de Estado y que debería fallarse en las próximas semanas.
La demanda reposa en el despacho de la magistrada Lucy Jeaneth Bermúdez, quien pretende dejar lista su decisión antes de abandonar el alto tribunal, debido a que culmina su período el 20 de junio. La interpuso primero el representante a la Cámara David Racero. Durante el rumbo de la actuación en contra de Camargo se le fueron sumando peticiones que acompañaban los argumentos del miembro del legislativo, por lo que se juntaron en el Consejo de Estado más de tres demandas que piden lo mismo: la nulidad de elección como máximo jefe del ente que defiende los derechos humanos en el país. El argumento: que no cumplió con los requisitos para ocupar ese cargo.
Racero y los demás demandantes básicamente reclaman que hubo fallas por parte de la Comisión de Acreditación Documental, que revisa los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos de elección en el Congreso. La corporación certificó que el defensor cumplía con la experiencia requerida para asumir el cargo, pero en un análisis de los demandantes a la hoja de vida se evidenció que no cumple con el requisito de experiencia laboral. El representante Racero explicó en su demanda, por ejemplo, que una de las condiciones que se debe cumplir para ser defensor es haber desempeñado, durante 15 años cargos en la Rama Judicial, o como abogado o profesor de Derecho
No obstante, continúa la demanda, Camargo no cumpliría ese requisito. Racero trajo a colación que la Comisión de Acreditación indicó que el defensor, en calidad de abogado consultor en asuntos jurídicos de diciembre de 2002 a diciembre 2007, obtuvo cinco años y nueve días de experiencia. “Sin embargo, según consta en la hoja de vida aportada por la Presidencia, Camargo obtuvo su título de abogado el 17 de diciembre de 2003. Adicionalmente, su tarjeta profesional se expidió el 9 de marzo de 2004. Esto significa que la experiencia acreditada desde el 1° de diciembre de 2002 hasta el 9 de marzo de 2004 no puede ser tenida en cuenta”, argumentó el representante a la Cámara.
Camargo, quien empezó su vida laboral en Warning Seguridad como estudiante de Derecho, también acreditó las certificaciones expedidas por la Federación Nacional de Departamentos, la Registraduría y la firma Abogados Ibáñez, lugares en los que hizo presencia previo a llegar al órgano defensor. Sin embargo, con todo ello el tope de experiencia, a juicio de los demandantes, sumó apenas 12 años y nueve meses, de los 15 que debía certificar. Lo que reprochan Racero y quienes acompañaron la demanda es que la Comisión de Acreditación no debió tener en cuenta la primera experiencia laboral de Camargo, porque no se especificaron las labores desempeñadas.
Pero un primer espaldarazo de la magistrada ponente podría dejar al defensor en su cargo. La togada, al negar la solicitud de suspender a Camargo mientras se fallaba la demanda, consideró que sí es posible tener en cuenta la certificación para determinar la experiencia que se exige para ser defensor, porque su contenido permite establecer las fechas de inicio y culminación del vínculo y también las funciones realizadas por Camargo. “No se advierte, en esta etapa que exista yerro respecto de la experiencia profesional acreditada en su oportunidad por el demandado”, decidió la magistrada en su momento.
Esta postura la adoptó también el abogado del defensor Camargo, quien allegó un documento al alto tribunal y aseguró que, contrario a lo afirmado por Racero, la experiencia para ser elegido o aspirar al cargo de jefe del órgano defensor no se contabiliza desde que el aspirante esté inscrito como abogado, sino desde la obtención del título profesional. Adicionalmente dijo que “la interpretación que el actor propone, para concluir que sólo es válida la experiencia acreditada después del registro como abogado y no desde la obtención del título, no es válida”. Es decir, que el defensor cumpliría con los requisitos del cargo.
La defensa de Camargo agregó que la certificación de la empresa Warning Seguridad no debe ser excluida para el conteo de su experiencia, como dice la demanda, debido a que el defensor laboró en la entidad desde la fecha que aparece en la acreditación, a pesar de que para ese momento no había obtenido su título profesional. Además, que para ese momento ya había culminado el pénsum académico. Esa información, a su juicio, se puede verificar en la certificación expedida por la Universidad Sergio Arboleda el 11 de diciembre de 2007, en la cual se corrobora que culminó sus materias el 15 de noviembre de 2002.
Aunque la suerte de Camargo aún no está echada, la última palabra la tiene la magistrada Bermúdez junto con sus colegas de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En cualquier caso, Camargo se enfrenta a esta providencia judicial justo mientras entes internacionales posan sus ojos por la situación de derechos humanos en el país. Ya hace dos semanas, por ejemplo, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entregó cifras que, por el momento, dejan mal parada a la Policía por presuntos abusos en las movilizaciones convocadas desde hace un poco más de un mes como negativa a las directrices del gobierno Duque.
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