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Al considerar que podría obstruir la justicia, la juez 37 de garantías cobijó con medida detención domiciliaria al coronel del Ejército en retiro Hugo Hernán Castellanos por los delitos peculado por apropiación, fraude procesal, porte, fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares dentro del caso de la falsa desmovilización de la compañía Cacica Gaitana de las Farc.
En la diligencia judicial la Fiscalía señaló que el militar retirado habría sido el responsable de transportar y entregar el armamento a los falsos subversivos antes de la desmovilización registada en marzo de 2006 en el departamento de Tolima.
La defensa del coronel y el representante de la Procuraduría apelaron la determinación y será en segunda instancia que un juez de conocimiento quien defina la medida de aseguramiento en los próximos días.
Durante la imputación de cargos, el fiscal anticorrupción, Francisco Villareal aseguró que el coronel fue el “enlace” entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Luis C. Restrepo, y el Ejército Nacional para el transporte en vehículos militares de las armas desde la ciudad de Santa Marta hacia Bogotá, y luego al municipio de Alvarado, donde se encontraban los falsos guerrilleros.
Y es que según la Fiscalía, dichas armas fueron adquiridas con el dinero que entregó el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, quien habría pactado su no extradición con Restrepo, a cambio de apoyo para la consecución de armas y uniformes para los falsos desmovilizados.
“El coronel Castellanos participó en una empresa criminal”, señaló el fiscal del caso cuestionando el hecho de que el militar no verificó la existencia de la compañía guerrillera, así como no haber “reconocido su voluntad de desmovilizarse”.
Para la Fiscalía, resulta reprochable que el coronel, dada su condición de servidor público y con una alta posición en la jerarquía militar, “defraudó la confianza puesta en su actuar por parte de la sociedad y prefirió sucumbir ante los execrables propósitos que la empresa criminal se había trazado, los cuales contaban como políticos, jurídicos y patrimoniales”.
Y es que con esta actuación, para la Fiscalía, se permitió que “los miembros de la espuria compañía recibieran beneficios de carácter económico y jurídico, los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente en cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de la Presidencia, quienes consignaban los dineros en las cuentas personales de los beneficiarios”.
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