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En el marco de un encuentro de la bancada del Partido Conservador, en la sede de la colectividad, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ratificó que los congresistas no pueden ser objeto de investigaciones o sanciones por participar en el debate de las objeciones a la reforma a la justicia.
Entre los argumentos que esgrimió Montealegre para darle tranquilidad a los parlamentarios está que en Colombia está vigente la inviolabilidad parlamentaria, por lo tanto, ningún congresista puede ser responsable penal o disciplinariamente por las opiniones, posturas políticas o votos que hayan emitido en el marco de su función como parlamentario.
Al respecto aseguró que “los parlamentarios están amparados por la inviolabilidad parlamentaria que consagra la Constitución y por lo tanto no puede existir ningún proceso penal en su contra. Esto lo he explicado muy detenidamente”.
Además, el fiscal General afirmó que el presidente de la República sí tiene la potestad para realizar objeciones a las reformas constitucionales, sobre todo en la discusión de la reforma a la justicia, donde, aseguro Montealegre, “es evidente la extralimitación en la que recayeron los miembros de la comisión de conciliación”.
Agregó que “el presidente tiene fundamentos constitucionales para objetar actos legislativos. También me parece que está acorde con la Constitución la convocatoria a sesiones extraordinarias para decidir sobre las objeciones”.
Luego de las explicaciones del Fiscal General, Eduardo Montealegre, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, manifestó que “la colectividad ha tomado la decisión de hundir toda la reforma. En un principio pensamos que algunas partes de ella eran importantes y se podrían salvar. Sin embargo, decidimos darle cristina a sepultura porque la opinión pública no entendería que se mantuviera algo de esta reforma”.
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