Más que una calumnia

Importante, sin duda, que la justicia dé un paso más —aunque, vaya si ha ido lento— en el esclarecimiento de este caso que constituye un importante eslabón en la cada vez más identificada, pero aún no esclarecida, campaña del último gobierno para desprestigiar y perseguir a la Corte Suprema de Justicia. Por ello mismo nadie, y menos la Fiscalía General de la Nación, puede conformarse con que el escándalo quede reducido a un delito de calumnia, casi que a una causalidad. La compulsa de copias que hace la juez a la Fiscalía para que cite a interrogatorio al extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, más conocido como El Tuso, otro de los presuntos participantes en este complot, es una buena señal de que la investigación continuará.

Pero la necesidad de claridad en el caso Tasmania va mucho más allá del Tuso Sierra y su abogado. Lo que necesitamos, si “claramente existió un complot” como dice la jueza, es que se determine la cadena de responsabilidades de ahí hacia arriba: desde dónde viene el ardid, quién y por qué pretendía torpedear el proceso de la parapolítica acudiendo al desprestigo infame de sus investigadores. Aquí no está solamente en juego el buen nombre de los magistrados Velásquez y Camargo, que ciertamente fue pisoteado mientras el complot estuvo vivo, hasta que se pudo comprobar que las acusaciones de alias Tasmania eran fabricadas. Quizás ese buen nombre haya sido recobrado ya, pero mientras no esté clara la responsabilidad de cada quien en el gobierno o en su círculo de poder, siempre quedará la sospecha pendiendo ni más ni menos que sobre un expresidente de la República.

Porque no sobra recordar cómo comenzó y de qué se trató este escándalo. Una noche, justo por los días en que la Corte Suprema llamó a indagatoria a Mario Uribe por parapolítica, el entonces presidente Álvaro Uribe se comunicó con el programa radial Hora 20 y denunció un supuesto complot en su contra revelado por alias Tasmania, quien aseguraba que el magistrado Velásquez le había ofrecido beneficios judiciales a cambio de implicar al presidente Uribe y al empresario Ernesto Garcés Soto en un atentado contra alias René. Casi simultáneamente, un comunicado de la Casa de Nariño reafirmó la denuncia. Sin embargo, casi un año después, alias Tasmania se retractó y aseguró que todo había sido orquestado por su abogado, el hoy condenado Sergio González, a la sazón abogado también del Tuso Sierra.

Desde entonces, nuevos datos han engrosado esta historia. Dentro de la investigación a González, la Fiscalía determinó que éste es vecino de finca de Santiago Uribe, hermano del expresidente, y tiene su oficina en el mismo edificio en que la tienen Mario Uribe y el propio Santiago Uribe. Y en la investigación por el escándalo de las chuzadas del DAS, exfuncionarios de esa entidad han documentado cómo desde el momento en que comenzó el complot el Estado estuvo participando en él, hasta que llegó a manos del entonces presidente y lo hizo público, el paso que consumó la maniobra.

Que todo esto quede en una simple calumnia por parte de un abogado de dudosa reputación sería un gran despropósito.