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El escándalo por presunta corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene nuevos hallazgos, esta vez en la parte fiscal. La Contraloría encontró que en los últimos cuatro años (2020-2024) en la entidad se habrían enredado más de $5 billones de contratos por presuntas irregularidades. Sobre todo en el último año, en el que Olmedo López y Sneyder Pinilla estuvieron al frente de la Unidad, y hoy están en negociaciones con la Fiscalía para acceder a beneficios judiciales. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga manifestó que lo más llamativo está en Santander, de donde es oriundo el exsubdirector de Manejo de Desastres Pinilla.
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El ente de control, principalmente, encontró dos irregularidades en los contratos que, sumados unos con otros, dan los $5 billones. El primero está relacionado con presuntas irregularidades con el cumplimiento de los requisitos de ley. Y, el segundo, con dificultades en la materialización de los proyectos, es decir, que las obras o los insumos no fueron debidamente entregados. El caso que más preocupa a la Contraloría es el de Santander, donde, según el vicecontralor Zuluaga, se encontró que en el departamento se acumulan la mayoría de contratos del país para la mitigación del riesgo, pero que, además, un gran número de esos proyectos se reparten entre solo tres contratistas.
El único de ellos que es público, al menos por ahora, es el de la unión temporal Conexión Carrizal, que actualmente tiene con la Ungrd un contrato de $185.439 millones. Al parecer, en el caso de esta empresa habría existido una innecesaria repetición de proyectos y un “cuestionable” manejo de recursos destinados a la mitigación de riesgos. En el mismo departamento, según dijo el vicecontralor Zuluaga, también se están revisando $635.000 millones correspondientes a por lo menos 31 contratos que tienen actividades inconclusas y falencias en la ejecución del contrato. Lo alarmante, resalta, es que “ya hay $1 billón en contratos que estamos viendo exclusivamente del departamento de Santander”.
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Los hallazgos de la Contraloría se conocen justo cuando el escándalo de corrupción del momento, que arrancó con los presuntos sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, sigue agrandándose. De acuerdo con Zuluaga, la compra de esos vehículos prendió las alarmas dentro de la entidad, y eso llevó a que se descubriera que, en irregularidades en contratación, Santander lleva la delantera. No obstante, no sería el único departamento en problemas. Según el vicecontralor, el ente de control halló que lo mismo ha sucedido en Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá, departamentos que, según la Contraloría, habían adquirido carrotanques, todos con sobrecostos.
Ahora bien, no todo lo irregular que encontró el ente de control estuvo en la adquisición de vehículos, sino que también expuso irregularidades en contratos por más de $120.000 millones en el programa de Hambre Cero, el cual tenía como objetivo la provisión de alimentos para damnificados por el fenómeno de La Niña. La Contraloría haló que, sobre ese programa, en 2023 Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaron 31 contratos. Los acuerdos que se suscribieron, según Zuluaga, suman $131.812 millones y, al parecer, se le entregaron a empresas que, o no tenían experiencia con las actividades para las que las contrataron o eran empresas de papel.
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Todas estas presuntas irregularidades que han encontrado las autoridades, de acuerdo con el vicecontralor Zuluaga, tienen un aparente interés indebido para la entrega de esos contratos. Cada nuevo descubrimiento de la Contraloría sobre irregularidades y posibles delitos es compartido con la Fiscalía, ente con el que mantiene una constante comunicación desde que iniciaron las indagaciones contra los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla. El encargado del ente de control asegura que, además, hay otra mesa con la Procuraduría en la que se comparte la información de las irregularidades dentro de la Ungrd y los funcionarios que habrían incurrido en ellas.
Los $5 billones que no terminan de cuadrar tienen a la Contraloría pensando en qué acciones tomar y cómo llenar de insumos a otros entes de control para llegar al fondo del escándalo que toca al gobierno de Gustavo Petro. El vicecontralor aseguró que todos estos hallazgos “van a poner en evidencia la necesidad de replantear la operación de la Unidad en torno a las dos grandes cosas que hace: una, la contención de emergencias, que es la parte humanitaria, y dos, donde han sido exageradamente ineficientes es en la mitigación del impacto y la construcción de obras para prevenir el daño de futuros fenómenos o calamidades naturales”.
Por ahora, desde la Contraloría aseguran que continuarán con las averiguaciones sobre el manejo de recursos públicos desde la Ungrd y que colaborarán con las demás autoridades que están detrás de la verdad en el caso. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría investigan en sus jurisdicciones las actuaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla en el interior de la entidad, así como de la presunta participación del ministro Luis Fernando Velasco, mientras que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía les siguen la pista a los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur, quienes, según la versión de los dos exdirectivos de la entidad, habrían recibido dineros torcidos, señalamientos que ellos rechazan.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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