‘Hoyo negro’ de la Fiscalía

La semana pasada, con la posesión del abogado Fernando Carrillo como cabeza de la nueva agencia de defensa jurídica de la Nación, entró a operar en serio la entidad que defenderá al Estado de miles de demandas multimillonarias. Son los procesos contra el Ministerio de Defensa (principalmente la Fuerza Pública) y el tema de pensiones los que suelen ocupar los primeros renglones, por la cantidad de demandas y los montos que éstas representan. Sin embargo, resulta que una de las entidades que más podría provocar daños al erario es la Fiscalía General de la Nación.

Al hacer un barrido del número de pleitos en curso, aparece que la Fiscalía tiene hasta la fecha 10.072 demandas, cuyas pretensiones —es decir, el dinero que exigen los demandantes— sobrepasan los $13 billones. Una cifra astronómica si se tiene en cuenta que es casi nueve veces el presupuesto total por año con que cuenta el ente investigativo. Con ese dinero se podrían hacer cuatro líneas del metro de Bogotá, teniendo en cuenta que la primera se presupuestó en US$1.920 millones.

El 74% de esas demandas se refieren a asuntos de privación injusta de la libertad. El resto de casos se relacionan con aparentemente incautaciones irregulares de bienes, allanamientos o errores judiciales, pero las detenciones infundadas se llevan toda la pantalla. Entre quienes piden reparación directa y quienes piden que la decisión de la Fiscalía se anule, las pretensiones suman algo más de los $11 billones, monto que sobrepasa con creces la inversión que se hizo el año pasado para mejorar los estadios del país y poder llevar a cabo el Mundial de Fútbol Sub-20. Con ese dinero se podría ejecutar 10 veces la Fase III de Transmilenio.

Historias de detenciones equívocas abundan. Hace años se llevaron a cabo detenciones masivas que después le pasaron cuenta de cobro al Estado. Apenas cuatro meses atrás la Fiscalía fue condenada a indemnizar a una estudiante de Biología de la Universidad de Tolima, Carmen Romero, encarcelada durante seis meses por el delito de rebelión con base en el testimonio incongruente de un policía infiltrado en la entidad educativa. Siguen bajo la lupa del Consejo de Estado casos como el de Luis Enrique Cadena, quien, señalado de fabricación, tráfico y porte de armas, demandó a la Fiscalía luego de que fuera absuelto de los cargos. O el de la captura de cinco hombres, ocurrida en septiembre del año 2006, inculpados de rebelión y posteriormente liberados.

Una de las misiones de la nueva agencia de defensa de la Nación es determinar parámetros para que las entidades estatales no sigan cometiendo los mismos errores. Con respecto a la Fiscalía, tal parece que la prioridad estará enfocada en revisar las evidencias con las cuales se ordena privar a una persona de su libertad. La detención preventiva, argumentan penalistas consultados por este diario, es una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general.

El lío de implementar la carrera en la Fiscalía

La Fiscalía también enfrenta la posibilidad de tener que pagar más de $3.000 millones en indemnizaciones por asuntos contractuales. Y a esa suma se podría añadir otra cantidad de dinero, aún sin especificar, por cuenta de las demandas que se podrían venir a raíz de la implementación de la carrera judicial dentro del ente investigativo. Una reciente sentencia de la Corte Constitucional le ordena a la Fiscalía reversar el nombramiento de 4.801 personas que, tras pasar el concurso público de 2007, fueron designadas como fiscales o asistentes.

Según determinó la Corte, el problema consiste en que las plazas que se ofertaron en la convocatoria fueron 4.697 y, sin embargo, la Fiscalía resultó nombrando a 9.498 funcionarios. Según la Corte, la Fiscalía sólo podía ocupar los 4.967 cargos que correspondían a la convocatoria y, en caso de querer remover a alguien de su cargo, debía hacerlo con “resolución motivada para su desvinculación”. En la sentencia la Corte le ordena a la Fiscalía volver a iniciar trámites para convocar a cuantos concursos públicos sean necesarios para proveer todos los cargos de carrera.

Una reciente circular de la oficina de personal de la Fiscalía, conocida por este diario, advierte con nombre propio una lista de 1.084 exfiscales y exasistentes de múltiples ciudades que podrían solicitar su reingreso a la Fiscalía. No deja de llamar la atención que en el listado figura Carlos Alberto Arzayús, exsubdirector de Inteligencia del DAS señalado de haber promovido, desde el oscuro grupo G-3, interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados de altas cortes, miembros de la oposición al gobierno Uribe, periodistas y ONG. Arzayús salió de la Fiscalía cuando ejercía como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá.

Diego Cruz, coordinador del grupo de carrera de la Fiscalía, asegura que la sentencia de la Corte Constitucional no aplica para todos los que fueron retirados cuando el concurso público se realizó, sino para quienes sean cabeza de familia, estén próximos a pensionarse o sean discapacitados, que además la Fiscalía sólo puede ofrecer las vacantes que existan —que para diciembre eran unas 300— y que serán reintegrados quienes pasen el estudio de seguridad y las pruebas psicotécnicas.

La sentencia de la Corte Constitucional, no obstante, se refiere a todos los cargos que se ocuparon por fuera del número ofertado en la convocatoria. “Esa institución debe prepararse desde ahora para afrontar las eventualidades que puede generar una renovación parcial de sus empleados (…). Algunos podrán argumentar que una orden de esta naturaleza generará caos en el ente fiscal [… pero] no puede olvidarse, tampoco, que este es el tercer requerimiento que hace la Corte Constitucional para que la Fiscalía General de la Nación supere la situación de hecho que se presenta en relación con la vinculación de sus servidores por fuera de los cánones constitucionales”.