¿Hasta dónde nos llevó esta guerra?

Según la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General, entre 2001 y 2003 la entonces rectora de dicho colegio, con la complicidad de su esposo – concejal del municipio condenado después por vínculos con el paramilitarismo – facilitó la entrega de niños y niñas de su colegio para ser abusadas sexualmente por comandantes paramilitares y vincularlos forzosamente a su organización, cumpliendo labores de patrullaje. Mediante reinados y bazares, financiados por los paramilitares, identificaban y seleccionaban las víctimas en la propia rectoría del colegio, y luego eran abusadas -con halagos y engaños o bajo presión, amenazas de muerte o los efectos del licor – en la casa de la rectora o en los campamentos de la organización. La Fiscalía tiene documentados 214 casos en todo el departamento, 70 de ellos de Riachuelo, 25 de los cuales corresponden a abusos y esclavitud sexual de niños y niñas entre 11 y 16 años de edad. Las denuncias de las víctimas y sus organizaciones y las declaraciones de algunos paramilitares confirmaron los hechos y condujeron a la captura de la ex-rectora.

Sin entrar a juzgar a esa persona, cuestión que corresponde a la Fiscalía, ni sucumbir al amarillismo, y tratando de trascender la indignación que producen tales excesos, conviene hacer algunas reflexiones y preguntas. La primera es reconocer que efectivamente las distintas organizaciones armadas lograron imponer su ley de silencio y terror y sus normas de conducta en extensas regiones del país, cooptando o amenazando los poderes políticos locales, regionales y nacionales, con la complicidad de diferentes actores institucionales. Pero el agravante específico de este caso es la implicación directa de una representante del sector educativo, encargado justamente de la formación en valores de los niños y jóvenes. ¿A quién podrían entonces encomendar sus hijas los habitantes de cualquier municipio, si la rectora de su colegio estuviera en las andanzas que describe el expediente? ¿Cómo pudo llegar una maestra de escuela a la degradación ética y la práctica infame de entregar a sus alumnas, en las aulas de su colegio, al capricho de los comandantes guerreros, aconsejándoles además “aprovechar y no ser bobas”?

Parte de las explicaciones hay que buscarlas en la dinámica misma de la guerra y en la intimidación producida por el poder armado de proyectos autoritarios. Pero hay que pensar también en los valores y prácticas de la sociedad excluyente, machista y militarista que hemos construido. En la tolerancia con la violencia intrafamiliar, las violencias de género y la pederastia. En el consumismo que antepone el tener al ser. Y en la impunidad que le fue dando patente de corso a las violaciones sistemáticas de todos los derechos, incluidos los de los niños/as y el más elemental: el derecho a la vida.

En la orilla contraria a la rectora investigada, muchas maestras han sido víctimas de abusos e inclusive asesinadas por los distintos actores armados, por resistir a sus proyectos y no acatar sus órdenes. Una reciente tesis doctoral sobre el impacto del conflicto armado en la escuela colombiana, documentó en Antioquia 398 maestros/as asesinados entre 1985 y 2005. Su muerte no sería en vano si en casos como el de Riachuelo se logra hacer justicia y reparación. Si aprendemos sus dolorosas lecciones para construir valores de dignidad, igualdad y solidaridad. Y garantizar que, para poder vivir en paz, nunca más volverán a suceder semejantes atrocidades.

Médico social.