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“Tenga en cuenta que la persona que no se desplace, se le va a cobrar una multa o se le desplaza ya definitivamente”, dice alias Lobo, miembro del Frente 36 de las disidencias de las Farc e integrante del primer anillo de seguridad de “Primo gay”, en un audio que se difundió rápidamente en zona rural de Briceño (Antioquia), el fin de semana. La intimidación estuvo acompañada de recorridos que otros miembros del grupo armado hicieron en por lo menos 22 corregimientos del municipio, de los que salieron desplazadas más de 2.100 personas, de acuerdo con cifras de la alcaldía.
Se trata de una crisis, pues la situación no solo desbordo la capacidad de reacción y asistencia de la administración local, sino que además dejó a por lo menos el 25 % de su población desplazada, ya que en el municipio hay 8.473 habitantes, según el DANE.
Las imágenes desde el primer momento han sido impresionantes. En buses, chivas, jeep y hasta caminando han llegado desde el pasado sábado más de 950 familias al casco urbano de Briceño. “Solo teníamos capacidad instalada para 200 personas”, aseguró el alcalde Noé Espinosa, quien añadió que por lo ocurrido se llenaron rápidamente los albergues. Por eso han tenido que habilitar nuevos espacios en el colegio, la iglesia, las oficinas de la asociación comunal y hasta en una sala de velorios.
Desde la gobernación de Antioquia han facilitado el transporte de los desplazados, así como han estado apoyando la asistencia con alimentación, albergues, educación, salud y recreación, cuya atención ha estado a la cabeza de la subsecretaria de Derechos Humanos y Paz, María Patricia Giraldo.
Sobre la situación, el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Óscar Rico Guzmán, explicó que si bien el desplazamiento masivo se da en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc, las amenazas a la población “habrían venido directamente de alias “Chejo”, uno de los cabecillas que están impulsando esta movilización, que ha sido un constreñimiento por alias “Primo Gay”, que ha impuesto las restricciones a los habitantes».
A la par, desde el Ejército, el comandante de la Cuarta Brigada, el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, afirmó que ya desarrollan operaciones militares en profundidad para detener a los grupos armados en disputa, mientras que desde el Ministerio de Defensa han reiterado que se ofrece hasta $200 millones de recompensa por información de los responsables del desplazamiento.
Organizaciones en la zona indican que, pese a las acciones anunciadas, no descartan que el desplazamiento continúe, así como han lanzado alertas por la seguridad de las personas que se han quedado en los corregimientos. A este llamado se ha sumado la Defensoría del Pueblo, que recordó las alertas previas en Briceño por posibles “desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, instalación de artefactos explosivos y enfrentamientos entre actores armados”.
A esto se suma, la alerta por el desplazamiento forzado que también se registró en Anorí, donde los enfrentamientos presentados en la vereda Los Trozos, obligaron a 176 personas a salir del territorio.
Fernando Quijano, director de Corpades, añade que los enfrentamientos también han afectado a municipios como el de Valdivia, donde también se presentó el desplazamiento de 60 personas. “Acá es donde uno se pregunta donde está la verdadera presencia del Estado, que permite que más de 20 veredas se desplacen y no pase nada, pese a que también se han venido alertando de otras situaciones en el municipio”, añade.
Entre estas, se encuentra el desplazamiento forzado que se registró a comienzos de este año de por lo menos 135 personas, tras enfrentamientos entre el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, en el corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño.
Más recientemente se tiene el toque de queda impuesto por la alcaldía, debido a las imposiciones en la movilidad y hasta en la vestimenta (ordenaron el uso de ropa clara) que impusieron los grupos armados.
“Estos hechos evidencian que la institucionalidad parece no estar.Allá está pasando muchas cosas y nadie está haciendo nada. Esto se da en medio de un fracaso en la estrategia de seguridad departamental y una fractura institucional, en la que la Gobernación no atiende al Gobierno Nacional, ni el Gobierno Nacional a la Gobernación. La pregunta aquí es la Fuerza Pública a quién considera como su jefe”, añade Quijano.
Para el alcalde Espinosa es importante que se dé una atención inmediata a los desplazados, para lo que pide la presencia de entidades como la Unidad de Víctimas, así como añade que se requiere la reacción del Ejército, con el fin de que “los campesinos puedan estar más tranquilos en los territorios. Ellos retornarán cuando la Fuerza Pública dé las garantías”.
Lo cierto es que la emergencia se mantiene y no se descarta que sigan llegando personas desplazadas al casco urbano, mientras que en la región piden atender con mayor contundencia y una lectura más general la disputa entre grupos armados que siguen manteniendo en tensión a toda la región.
