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Dos años y medio después de que la Procuraduría empezara a investigar una presunta red de tráfico de influencias en el Consejo de Estado, investigación que llevaba casi tres años más de pesquisas por parte de la Fiscalía, con 30 mil llamadas telefónicas interceptadas y conexiones con empleados de múltiples dependencias oficiales, el Ministerio Público tomó decisiones de fondo. Dos funcionarios del Consejo de Estado y una de la Procuraduría fueron destituidos, y dos más del Contencioso suspendidos por cuatro meses.
Lo que en su momento apuntaba a un gran escándalo, pues en el voluminoso expediente se advertían contactos con servidores del propio Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Congreso, la Registraduría o el DAS, entre otras dependencias públicas, terminó en duras sanciones por un caso de concusión y otras más por desconocer el deber de reserva de los fallos judiciales u omitir la actualización, bajo juramento, del patrimonio y las rentas adquiridas de altos funcionarios.
Este caso tuvo su origen en la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, que mientras investigaba en 2006 al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, hoy condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, interceptó una conversación telefónica de uno de sus abogados. En ella se hablaba de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. Durante tres años, la Fiscalía siguió esta pista y descubrió la actuación ilegal de un grupo de funcionarios que presuntamente negociaba con expedientes o asesoraba a demandantes y demandados.
En julio de 2009, la Procuraduría entró al caso y comisionó a la entonces procuradora delegada para la vigilancia judicial, Ana María Garzón, para que evaluara qué estaba sucediendo al interior de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Los propios consejeros instaron al procurador a que agilizara las investigaciones para aclarar el escándalo. La delegada Garzón trabajó durante cinco meses en el tema, hasta que formuló pliego de cargos a cinco funcionarios.
Pero esa decisión, adoptada en diciembre de 2009, resultó tan polémica como el mismo caso. En criterio de la delegada, debían abrirse investigaciones y compulsar copias a la Fiscalía por las presuntas conductas de concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Además, el pliego de cargos añadió un organigrama con más de 100 contactos entre gobernadores, exmagistrados, procuradores, alcaldes, congresistas, políticos y servidores judiciales.
Aunque la investigación sólo estaba orientada a cuatro funcionarios del Consejo de Estado y una de la Procuraduría, la inclusión de este organigrama desató una crisis al interior del Ministerio Público por múltiples reclamos de personas incluidas en el esquema. El asunto terminó en que, primero, el expediente salió de las manos de la delegada Garzón; luego, el 7 de abril de 2010, ella misma fue declarada insubsistente, y pocos días después, por presunta violación al debido proceso, el controvertido pliego de cargos fue anulado.
El caso volvió a empezar, esta vez bajo la orientación de la delegada María Eugenia Carreño. El pasado 21 de febrero, después de casi dos años de diligencias judiciales, con una providencia de 192 páginas conocida por El Espectador, la Procuraduría tomó decisiones. Los exfuncionarios de la Sección Quinta del Consejo de Estado Carlos Arturo Fernández y Edilberto Samuel Casas fueron destituidos, lo mismo que la exdelegada de la Procuraduría Esmeralda Muñoz Collazos. Los exfuncionarios Virgilio Almanza y Mayfren Padilla fueron sancionados por cuatro meses.
La decisión se limitó a evaluar unas actuaciones. En el caso de Carlos Arturo Fernández, quien llegó a ser oficial mayor de la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue sancionado por concusión y revelación de secretos, derivados de haber recibido $30 millones por entregar información sobre el litigio por la pensión de una educadora en Bolívar. Así mismo, por darle información reservada al polémico político Javier Socarrás en un caso de nulidad de diputados de La Guajira.
Lo paradójico del caso es que Fernández Trujillo, conocido en el expediente como El Papi o Pitu, desde noviembre de 2009 ya había sido condenado por el Juzgado Décimo Penal de Bogotá por los mismos hechos. Esta vez fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por 15 años. Y en el mismo episodio de Socarrás y los políticos de La Guajira terminó implicado el escribiente Edilberto Samuel Casas, El Tío, quien, igualmente por revelar secretos en este y otro episodio, fue destituido e inhabilitado por 14 años.
En cuanto a la exdelegada para la vigilancia administrativa de la Procuraduría, Esmeralda Muñoz Collazos, conocida en el expediente como La Monita, por violación a la reserva de sus actuaciones y revelación de secretos en el mismo episodio de Javier Socarrás y los políticos de La Guajira, fue destituida del cargo e inhabilitada durante 13 años. En su caso tuvo que ver con el conocimiento previo del archivo de un proceso en favor de un exgobernador de La Guajira.
El otro sancionado fue el magistrado auxiliar de la Sección Quinta del Consejo de Estado Mayfren Padilla Téllez, referido en el expediente con los sobrenombres de Mike, Tayson o el segundo de Susana. En su caso, se le investigó porque adquirió una camioneta Suzuki Gran Vitara en una negociación en la que participaron familiares del sancionado Carlos Arturo Fernández. Según la Procuraduría, Padilla tenía la obligación de reportar este raro negocio en su declaración de bienes y rentas. Fue suspendido por cuatro meses.
Finalmente, también se suspendió por cuatro meses al exsecretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo, cuestionándole que no hubiese tomado las acciones respectivas para evitar los comportamientos corruptos de alguno de sus subalternos, hechos que terminaron afectando la imagen de la corporación judicial. Ahora el caso puede ser apelado. En cuanto a las 30 mil llamadas interceptadas y sus contenidos, deben estar en algún anaquel de la Fiscalía o de la misma Procuraduría.
Una de las secciones claves del Consejo de Estado
La Sección Quinta del Consejo de Estado es una de las dependencias del Contencioso Administrativo que mayor relevancia han tenido en los últimos tiempos. Es la encargada de definir las demandas en procesos de nulidad para funcionarios de elección.
Está integrada por cuatro magistrados. Son ellos Susana Buitrago Valencia, Mauricio Torres y Alberto Yepes Barreiro. La plaza restante se encuentra en proceso de elección actualmente y será ocupada en los próximos días.
El caso más reciente que allí se tramitó fue la nulidad de la exfiscal general de la Nación Viviane Morales Hoyos. Un caso que quedó en manos del magistrado ponente Alberto Yepes Barreiro y que posteriormente se definió en Sala Plena.
En otro proceso crucial fue designado como ponente el magistrado Yepes, quien junto con otro colega y dos conjueces definirá en pocas semanas si la elección de la contralora Sandra Morelli fue legal.
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