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Mientras el 2024 cierra con la violencia al rojo vivo, el 2025 se perfila como un año crucial para reconfigurar el tablero político de cara a las elecciones de 2026, con la seguridad consolidándose como el eje central de las narrativas tanto del Gobierno como de la oposición. Este tema, que históricamente ha sido rentable en las contiendas electorales, sigue siendo el bastión de quienes están en contra de la administración de Gustavo Petro; y el “gobierno del cambio”, ante las dificultades que enfrentan sus proyectos sociales, como ya las han anunciado el primer mandatario y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, parece estar redirigiendo su estrategia hacia este terreno en un intento por recuperar protagonismo.
En menos de 24 horas se reportó la masacre número 76 del año, según las cifras de Indepaz, en Aguachica, Cesar, donde fueron asesinados cuatro miembros de una familia: los pastores evangélicos Marlon Lora y Yurlay Rincón, junto a sus hijos Ángela y Santiago Lora Rincón. Mientras tanto, en el Cauca, las disidencias de las Farc instalaron un explosivo en una iglesia en Jambaló, el cual fue desactivado por el Ejército Nacional.
Aunque varias zonas del país son azotadas por la violencia, el panorama en el Cauca es especialmente alarmante. Hace 10 días, congresistas de Cambio Radical presentaron tutelas contra varios ministerios por ignorar derechos de petición relacionados con la seguridad en la región para hacer un debate de control político. Los legisladores de la oposición argumentan que el gobierno de Petro oculta información sobre la Operación Perseo en El Plateado, Argelia, donde las Fuerzas Armadas ingresaron en octubre para enfrentar a las disidencias de las FARC. A pesar de haberse reunido con líderes comunitarios en, el presidente no ha visitado directamente la zona.
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En ese contexto, las cifras de reclutamiento de menores de edad también han levantado las alarmas: 282 casos en 2024 según la Defensoría del Pueblo. El pasado 26 de diciembre, de hecho, se registró el homicidio de un adolescente de 15 años en el Cauca, presuntamente por negarse a ser reclutado. Un día después, Petro rompió su silencio al respecto e informó que llevará ante la justicia penal internacional a los líderes de los grupos armados organizados responsables de esta sistemática victimización de menores.
Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, la estrategia hacia la seguridad es incluso un eje que el primer mandatario prioriza desde temprano cada día en su agenda: le informan sobre capturas, incautaciones y operativos y con este tema suele arrancar los mensajes del día en X. Este lunes, por ejemplo, anunció la detención de Jhon Arley Zúñiga, líder del Estado Mayor del Cauca. A esto se le suma sus balances sobre incautaciones, en el último de ellos destacó la incautación de 9,5 toneladas de cocaína en República Dominicana, provenientes del Catatumbo.
La seguridad se perfila ahora como una apuesta del Gobierno para recuperar terreno ante las múltiples dificultades para avanzar en sus proyectos sociales y en medio de una adelantada carrera presidencial. Además de los proyectos aprobados que se tambalean, como la reforma pensional que tiene decenas de demandas en la Corte Constitucional, recientemente Petro y Bolívar anunciaron el recorte de varios subsidios que hasta hace algunas semanas recibieron diferentes grupos vulnerables, entre ellos, el cierre del programa Renta Joven. Ante las críticas de la oposición, el jefe de Estado señaló al Congreso por bloquear la ley de financiamiento, con la cual el gobierno pretendía subsanar un hueco de cerca de 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. “¡Increíble! Gritan como nadie en el Congreso de la República que no se apruebe la ley de financiamiento y después nos atacan porque no hay financiamiento”, aseguró el primer mandatario.
En cualquier caso, asumir el discurso de securitización no supone un reto sencillo en la medida en que el proyecto de paz total no ha dado los frutos esperados. El diálogo con el ELN sigue en punto muerto y será en enero cuando se discuta por primera vez su continuidad y las condiciones para avanzar. Por su parte, otras mesas de negociación han progresado, pero no han alcanzado a cumplir completamente con los acuerdos pactados.
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Incluso ha habido choques por la lenta implementación del Acuerdo de Paz de 2016. También en días pasados, Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, aseguró que “la paz de Colombia pasa por horas difíciles” y denunció el asesinato de cuatro firmantes del Acuerdo durante diciembre, elevando a 443 las víctimas desde 2016. En un mensaje directo al presidente, Londoño subrayó la necesidad de cumplir los compromisos con los excombatientes, incluida una renta básica que no ha sido desembolsada. “Ni un peso se quitará a la financiación del Acuerdo”, le respondió Petro.
Por su parte, la oposición, que ha hecho de la seguridad su bastión, intensifica sus críticas, utilizando casos como la reciente masacre de Aguachica para cuestionar la capacidad del Gobierno de frenar la violencia y darle tranquilidad a los colombianos. Los cinco precandidatos del Centro Democrático ya se perfilan con la bandera de retomar la securitización en busca del guiño del expresidente Álvaro Uribe. Mientras que la senadora María Fernanda Cabal habla de legalización de armas, la congresista Paola Holguín propone retomar la fumigación de glifosato sobre los cultivos de hoja de coca y su copartidario Andrés Guerra sugiere implementar mayor tecnología.
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Otros sectores, como el de un grupo de 24 exgobernadores, buscan posicionarse como alternativa de oposición aprovechando sus caudales electorales y también asumiendo la narrativa de la seguridad para criticar el gobierno actual y aupar sus propias posibilidades. Entre ellos, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, en diálogo con este diario, criticó que “ya hay más de 100 organizaciones criminales a lo largo y ancho del país que nos hicieron volver a las épocas de hace 20 o 30 años. La extorsión volvió, al igual que los secuestros, las minas antipersona, el reclutamiento de menores; y todo volvió potenciado”.
La seguridad se ha convertido en el epicentro del debate político que marcará el inicio de este año preelectoral. Tanto el oficialismo como la oposición ven en este tema una oportunidad para capitalizar apoyo en medio de un panorama de incertidumbre y descontento ciudadano. Sin embargo, el reto para el gobierno de Gustavo Petro es doble: no solo debe demostrar resultados concretos en un contexto de creciente violencia, sino también equilibrar este enfoque con sus compromisos sociales y de paz total, dos ámbitos que enfrentan múltiples obstáculos.
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