Hablando con lengua bifurcada

La SIC considera “aterrador” lo que está encontrando en materia de violación del derecho de libre competencia. Y para identificar a los violadores, abiertamente la SIC anuncia que nada mejor que fomentar la cultura de los sapos: “Está inspirada en los programas de delación de la justicia penal. Esos programas de beneficios por colaboración son la forma efectiva de romper los códigos de silencio que operan en los carteles empresariales. Si colaborar con las autoridades no da beneficios, los códigos de silencio serían invulnerables”.

Desde un pedestal moral la SIC añade: “El gobierno del presidente Santos decidió, como política de Estado, garantizarle al país la protección de los consumidores y del régimen de la libre competencia, que son la columna vertebral de la economía de mercado. Para eso fortaleció a la Superintendencia y le dio independencia. En Colombia no se hablaba de cartelización empresarial, ni se hablaba de protección de los consumidores porque no había institución que pudiese hacer la tarea que hoy en día estamos haciendo”.

Y mientras unos altos funcionarios se duchaban en público con el agua de rosas de la libre competencia, por otra parte altos funcionarios asistían en Doha, la capital de Catar, a una conferencia cuyo motivo no era exactamente enaltecer las virtudes de la libre competencia. Los funcionarios del gobierno de Colombia estaban en Doha para respaldar lo que posiblemente es el mayor cartel del mundo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). El objetivo, público y notorio, de la reunión en Doha era alcanzar un acuerdo para congelar la producción de petróleo. En breve, Colombia fue cómplice en Catar de una tentativa de acuerdo que atenta contra el libre comercio. Sobra decir que la reunión de Doha fue un fracaso. Luego de cinco horas de arduos debates los delegados y ministros anunciaron que no se había alcanzado un acuerdo.

La supuesta cartelización empresarial le parece al Gobierno moralmente repugnante. Pero la cartelización para aumentar los precios del crudo y sus derivados como la gasolina le parece menos “aterradora”, casi digna de encomio. Para Justificar la farisea asistencia a Doha, el Gobierno afirma que el impacto de la baja en los precios del petróleo ha sido mayúsculo. Según el Ministerio de Hacienda, “la caída en los ingresos alcanza los tres puntos del Producto Interno Bruto. Es así como, si en el 2012 el país recibía US$26 billones provenientes del petróleo, la cifra bajó a US$6 billones”. A la hora de la verdad, las pomposas afirmaciones de que este Gobierno defiende la libre competencia como columna vertebral de la economía de mercado son pajarilla. El Estado defiende y seguirá defendiendo todos los monopolios y carteles que le puedan convenir a sus intereses políticos: si no es la Opep, es el “Estado Cantinero”.

Apostilla: Es inconcebible que un Estado que tuvo acceso a la “inteligencia” para adelantar la “Operación Jaque”, no tenga acceso a inteligencia para rastrear la fortuna de las Farc. Y si quieren de veras rastrear esa fortuna, busquen pistas en Venezuela.