Pleito por casa dejaría sin techo a niños víctima de abuso

El pleito que libran dos asociaciones por tres casas podría generar que 104 niños y niñas víctimas de abuso sexual se queden sin techo el resto del año. La pelea, que hoy es irreconciliable, es entre la asociación «Niños por un nuevo planeta», encargada de atender a los menores, y la fundación Rafael Santos Sánchez, propietaria de los inmuebles donde el programa ha funcionado por 13 años. La pelea entre estas dos entidades, que trabajaron de la mano para ayudar a los niños y niñas, se originó por la negativa de la asociación de cerrar dos programas de atención a adolescentes.

Las viviendas, ubicadas en el barrio Pasadena al noroccidente de Bogotá, han sido durante estos años en el hogar de 317 niños y niñas, que han acudido buscando atención de la asociación «Niños por un nuevo planeta». Allí han atendido casos como el de una menor, de 14 años, a quien su madre la explotaba sexualmente desde los tres años y que al llegar a la asociación era adicta a las drogas y tenía deseos de acabar con su vida; también el de dos hermanos, que eran violados por su abuelo, mientras la madre salía a trabajar, o el de dos niños indígenas que, junto a su madre, huyeron de su pueblo luego de ser víctimas de la violencia sexual, por parte de un grupo guerrillero. Todos los que han llegado a las puertas de la asociación han recibido tratamiento médico y psicológico, educación y han sido cobijados por otras víctimas que vivieron historias similares.

La asociación llegó a las casas de la Fundación Rafael Santos Sánchez, gracias a un convenio que firmaron ambas entidades. Inicialmente, la asociación pagó arriendo durante 6 años y luego firmaron un comodato, con el que la fundación se vinculaba a la misión de «Niños por un nuevo planeta», prestando las casas para atender a las víctimas de abuso sexual. Según Paola Franceschi, directora y fundadora de «Niños por un nuevo planeta», llegaron los problemas y las diferencias irreconciliables debido a que sus socios «querían retirar unos proyectos que no veían viables. Querían hacer de la fundación algo rentable y acabar con el programa de madres jóvenes ‘Ninana y con el programa de ayuda a los adolescentes, para dejar solo programas para niños menores de 12 años. Además querían un nuevo gerente y que yo saliera. Como no aceptamos, se presentaron los problemas».

Debido a este enfrentamiento, la Fundación Rafael Santos decidió no renovar el contrato de comodato y adelantaron el trámite para el desalojo. La asociación «Niños por un nuevo planeta» se dieron cuenta del proceso de desalojo el pasado 19 de junio, cuando recibieron la visita de un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien les hizo el anuncio. Desde entonces han intentado frenar el desalojo a través de una tutela, pero fracasaron ya que el recurso no fue admitido por el Tribunal de Bogotá.

Para enfrentar esta crisis han desarrolla un proyecto denominado el «Plan Ladrillo», con el cual pretende otorgarle a los menores una sede propia en el municipio de Sopó y donde se establecerán un proyecto privado de protección de niños y niñas víctimas de violencia sexual en Colombia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la fecha de entrega de la nueva sede será a finales de año.

Al consultar a la fundación Rafael Santos Sánchez sobre esta situación y el último pedido de prórroga, el abogado Fernando Vallejo, vocero de la institución, indicó que el proceso es irreversible. «Esa asociación ha tenido las casas gratis por 6 años y ahora las estamos necesitando. Hicimos una conciliación en la que acordamos que la entrega de los inmuebles estaba para el 7 de octubre de 2011. La directora pidió una prórroga y se lo concedimos hasta el 30 septiembre de 2012. Ese día acudimos a reclamar el inmueble, pero la directora ni siquiera hizo presencia para decir algo. Ella tuvo todo el tiempo para cambiar de sede y desde octubre del año pasado la presencia de la señora en las casas es ilegal».

Y agregó: «La conciliación tiene el mismo valor de una sentencia y ella continuo haciendo actividades como si nada. En todo caso, nosotros nos quedamos quietos, a pesar de que estaban de forma ilegal. Al principio del año decidimos actuar y acudimos a un juez. Yo mismo le notifiqué a la directora de la asociación el proceso de desalojo, aunque no había que notificarle y la respuesta fue demandar a la Fundación Rafael Santos, la cual fue rechazada. Ya no puede suspenderse la entrega», concluyó Vallejo.

El desalojo se puede ejecutar en cualquier momento, ya que la orden judicial estaba para el 9 de julio. Sin embargo, para proceder, la Fundación debe esperar a que el ICBF adelante la reubicación de los niños. «Pedí que se suspendiera el proceso, dado que ese día el representante del ICBF no llegó y es necesario que se reubiquen los niños. Además, no solo consiste en trasladarlos, porque los menores no son cosas, implica un estudio jurídico niño por niño para determinar por qué están ahí, cuál es su historia, quiénes son sus padres y, según la circunstancia particular, decidir en qué hogar los reubican».

Hoy que el proceso de desalojo es un hecho, Paola Franceschi hace un llamado de auxilio para pedir un último plazo. «Lo único que estamos pidiendo es una prorroga hasta diciembre». Lo que tiene preocupada a la directora de la asociación es cómo los dueños de la propiedad adelantan el desalojo, sin pensar en las consecuencias para los niños del hogar, los cuales quedan con dos opciones: regresar a las casas donde están sus agresores y en condiciones de pobreza extrema o ser trasladados otras instituciones pertenecientes al ICBF, perdiendo los vínculos y la confianza que han ganado en el hogar de la asociación.

Este hogar es una iniciativa privada, que no recibe aportes del estado. Además, apoya al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, descongestionando algunos de sus hogares recibiendo casos de niños que lo requieran. Por ahora, solo resta esperar la reubicación de los menores o que la asociación “Niños por un nuevo planeta” pueda encontrar rápido una nueva sede para seguir con su programa.

Datos
En Colombia, entre enero y mayo de 2012, el ICBF adelantó 1.641 procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes por casos de abuso sexual. En el mismo periodo de este año la cifra aumentó a 2.264 casos.