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En una de las últimas decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2024, la instancia de justicia transicional le abrió sus puertas a Giovanny Calderón Salazar, un exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que había pedido pista hace varios años, pero su aporte a la verdad no había sido suficiente para aceptarlo. Sin embargo, en varias audiencias en noviembre pasado, todo cambió y el pasado 27 de diciembre, el despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez decidió aceptar a quien es conocido como el “cerebro” de las ejecuciones extrajudiciales en Tolima.
En un auto de 95 páginas, la JEP consignó las piezas que, en opinión del magistrado, son suficientes para aceptar a Calderón Salazar como “miembro de ‘facto’ de la fuerza pública. Es decir, el exagente del extinto DAS debía demostrar que había fungido como un sujeto que formalmente no hacía parte de las fuerzas militares, pero, en la práctica, sí, según el nivel de participación que tuvo en las operaciones llevadas a cabo con unidades militares”, explicó la jurisdicción especial. Durante las audiencias que pavimentaron su entrada a la JEP, Calderón Salazar aceptó su responsabilidad en nueve de los 10 crímenes por los que es investigado.
La información que el exagente del DAS le entregó a la JEP dio pistas también de cómo el Gaula se prestó para construir una dinámica criminal que terminó usando el aparato estatal de inteligencia para perpetrar ejecuciones extrajudiciales, no solo en el Tolima, sino en otras partes del país. De hecho, sus aportes para entender cómo funcionó esa estructura ilegal fue uno de los elementos que le dieron las llaves para entrar a la JEP, luego de dos intentos. De entrada, Calderón Salazar le explicó al magistrado que, como agente del DAS, estaba adscrito al Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal del Gaula en Tolima.
El propio Calderón Salazar le contó a la jurisdicción especial que ese grupo militar era la primera instancia que tenía contacto con ciudadanos que presentaban denuncias sobre secuestro o extorsiones y solo después de conocerlos, las remitían a funcionarios de Policía Judicial. El exagente confesó que, aprovechando esa información y que la gran mayoría de las extorsiones se realizaban en cárceles, los militares, por intermedio de terceros civiles, contactaban de nuevo a las víctimas y les realizaban nuevas exigencias, e incluso haciéndose pasar por los extorsionistas, explicó el compareciente.
La JEP describió así cómo funcionó la dinámica criminal: “Se valían de los estudios de inteligencia, y que los informantes del Grupo Gaula les suministraban datos de personas de la zona que presuntamente cometían delitos. A través de estos contactos, a los civiles se les entregaba armas de fuego y se les brindaba información sobre oportunidades para cometer hurtos y extorsiones, sin saber, que ello era un entrampamiento para ser asesinados en una supuesta operación militar que les permitiría presentar ese resultado como una baja en combate”.
Calderón Salazar agregó en su testimonio más detalles. Por ejemplo, relató que, “si el extorsionista portaba un arma de fuego a la vista, casi que se debía disparar de inmediato” y que desde sus primeras misiones antiextorsión o antisecuestro en las que participó se dio cuenta de estas prácticas criminales. “(Calderón) no tuvo mayor injerencia en el desarrollo de los casos, pero sí se le despertaron dudas, máxime cuando sus compañeros de policía judicial comenzaron a hablar entre ellos sobre sus hipótesis y, coloquialmente, empezaron a referirse a esas actividades como ‘hala halas’”, se lee en el auto de la JEP.
El exagente Calderón Salazar fue enfático en decir que la mayoría de los funcionarios del CTI y del DAS tuvieron conocimiento de que el Gaula del Tolima incurría en “maniobras para dar bajas ilegítimas y hacerlas ver como dadas en combate”, a partir del momento en que estas se hicieron repetitivas y, también, que en todas las operaciones en las que participó estuvo acompañado de otro detective o investigador Sobre lo anterior, dice la JEP, el compareciente adjuntó un listado con sus nombres, así como con integrantes del Ejército que “enseñaban, facilitaban, promovían y llevaron a cabo muertes ilegítimas”.
Sobre los hechos novedosos que la JEP reconoció y en los que aportó a la verdad, hay detalles de ejecuciones extrajudiciales puntuales. Por ejemplo, que el 20 de enero de 2007, en zona rural del municipio de Chaparral, tras el secuestro de Diana Torres, el exagente del DAS dijo que un soldado ejecutó a uno de los presuntos secuestradores, pero luego de que alzara sus manos y dijera expresamente que se rendía. Sobre otro caso, que además la JEP revisa con lupa, Calderón Salazar dijo que los hechos ocurrieron durante un operativo militar que buscaba a un comandante de finanzas del frente 21 de las Farc.
En él, uniformados asesinaron a un supuesto guerrillero que se había rendido y que, además, al parecer era menor de edad. “En conclusión, su novedoso aporte se centra en: (i) el presunto secuestro de Diana Torres ocurrido el 20 de enero de 2007 en zona rural del municipio de Chaparral, en cuyo rescate el soldado profesional ejecutó a uno de los presuntos secuestradores, (ii) el operativo que terminó con la vida de un miembro del Frente 21 de las FARC-EP, quien al parecer era menor de edad y (iii) la ejecución de un presunto extorsionador en una aparente entrega controlada de dinero en el año 2004, a manos de un sargento, víctima que fue herida por un disparo que propinó el señor Calderón”, puntualizó la JEP.
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Con estos indicios y pistas, la JEP aceptó el sometimiento de Giovanny Calderón Salazar y le otorgó libertad condicional. Ahora bien, su cupo en esta instancia judicial y los beneficios que le otorga, depende de su cumplimiento al régimen de condicionalidad, “como una muestra de compromiso de contribuir con los derechos de las víctimas a la verdad plena, la restauración y la no repetición. Además, Calderón tendrá que ampliar la información entregada a la JEP, en relación con tres hechos nuevos que no han sido investigados por la justicia ordinaria”, concluyó la jurisdicción especial.
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