Auditor fiscal abrió indagación preliminar a Contraloría Distrital

El auditor fiscal ante la Contraloría Distrital, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, anunció este lunes la apertura de una indagación preliminar contra el ente de control luego de la denuncia, publicada en El Espectador, del concejal Antonio Sanguino, quien reveló un presunto sobrecosto en el arriendo del edificio Amalfi en el cual funciona la entidad. El funcionario fue más allá al llamar la atención sobre la situación que dice padecer al tener que fiscalizar a la Contraloría y, a la vez, depender económicamente de ella. “No tiene lógica que el que vigila sea pagado por el vigilado”, asegura. Menciona, incluso, haber sido objeto de represalias por parte de algunos empleados. En el piso 6º de la Contraloría, justo un nivel más abajo del despacho del contralor, Miguel Ángel Moralesrussi, el abogado recibió a este diario y contó detalles de la auditoría especial que realiza a las obras de reparación del edificio de la 26 en el que no descarta posibles sobrecostos.

Su plan estratégico es darle autonomía a la entidad, ¿siente acaso limitada su independencia?

Claro, porque como funciona esto, no funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo hago cualquier cosa debo tener en cuenta que todo lo paga la Contraloría. Entonces, si yo les hago un control de advertencia, ellos de una vez toman represalias o cualquier otra cosa, lo cual es apenas normal.

¿Qué tipo de represalias?

Por ejemplo, cuando yo trataba de impulsar ante la Secretaría de Hacienda un proyecto para que nos dieran un presupuesto propio, aquí llamó el contralor auxiliar y dijo que él no nos iba a acompañar en eso.

¿Por qué decidió abrir una indagación preliminar por el caso del supuesto sobrecosto en el arriendo del edificio Amalfi?

Mire, yo hice una auditoría especial a ese contrato en noviembre de 2009, debido a los rumores que se venían presentando. Pero como no tenemos presupuesto para hacer cotizaciones o peritajes, nos limitamos a los documentos que nos suministró la propia Contraloría. En ese sentido, concluimos que la celebración del compromiso se realizó correctamente, sin ningún sobrecosto. Pero ellos mismos nos dieron esos documentos. A mí sí me pareció caro ese arriendo y así se lo dije en su momento verbalmente al Contralor.

¿Y él qué le respondió?

Me dijo que ese era el precio.

¿Con qué dientes cuenta su entidad para esta investigación?

Con los que la normatividad nos permite. Si la indagación preliminar arroja evidencia de situación irregular, entraremos a iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Los descargos los hacen los funcionarios en mi despacho. En el evento de existir un daño fiscal, ordenamos que se reintegren los dineros.

¿Y en caso de que haya enriquecimiento ilícito, como lo sugiere Sanguino?

Compulsamos copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.

¿Cómo va a hacer para investigar sin presupuesto?

Podré pedirle el favor a la Contraloría General para que me colaboren con eso.

También está haciendo auditoría especial a las obras de reparación en el edificio de la Contraloría, ¿por qué?

Hay rumores de que hay una inversión, de unos $10.000 millones, y no se sabe si se justificaba tan cuantiosa. En unos 10 ó 15 días tendremos resultados concretos. Para esto cuento con la colaboración de un ingeniero de la Contraloría General.

¿Podría haber sobrecostos en estas obras?

Me queda difícil responderle eso, pero dicen que de pronto hay unas decisiones irregulares.

¿Cómo le parece que el investigador sea pagado por su investigado y funcione al lado suyo?

Totalmente ilógico. Ahora por lo menos tengo un presupuesto mínimo para algunas cosas que antes no tenía. Igual, vengo haciendo mis controles de advertencia con lo que puedo. Me gustaría, al menos, poder nombrar a mi gente. No tiene lógica que el que vigila sea pagado por el vigilado.

A rendir cuentas

Este miércoles se realizará en el Concejo una audiencia de rendición de cuentas del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi. Se espera que el funcionario responda a la reciente denuncia del concejal Antonio Sanguino por posibles sobrecostos en el arriendo de un edificio.