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Ungass 2016, ventana de oportunidades para Colombia

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La sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) representa una oportunidad histórica y sin antecedentes, para reencauzar la política a ese respecto, fuertemente permeada por los prejuicios que llevaron al presidente Richard Nixon, a declarar la guerra que, 40 años después, se considera perdida.

Es un momento ideal para evaluar con mesura y perspectiva histórica, el desempeño de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) creada en 1968, como resultado de los primeros esfuerzos prohibicionistas. Son tres los principales regímenes para combatir la droga en el sistema ONU: la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Gracias a Ungass, los llamados países productores (aunque esa denominación tenga cada vez menos valor, pues la frontera entre productores y consumidores tiende a borrarse) cuentan con una vitrina multilateral para exponer los argumentos acumulados durante décadas. Existe, además, la ventaja significativa de poder concertar posiciones entre los países que han sufrido la estigmatización, como en el caso de los andinos, Bolivia, Colombia y Perú, que durante décadas asumieron la responsabilidad casi exclusiva por el tráfico de cocaína. El efecto globo demostró la poca efectividad de la erradicación de los cultivos. Mientras la reducción en una zona era celebrada como éxito de la política antidroga, la aparición de mayores niveles de producción en otra, para suplir la baja en la oferta, relativizaba ese supuesto. A los países andinos, se suman los de Centroamérica, que han pagado un costo humanitario que crece descontroladamente, como el asumido por Colombia desde los ochenta.

Las cifras de consumo de las drogas ilícitas muestran un fenómeno que ha desbordado la capacidad de los Estados. La JIFE reconoce que no ha habido aumentos significativos en el consumo, pero admite que tampoco hay una reducción esperanzadora. Se calcula en aproximadamente 250 millones el número de consumidores, y tan solo uno de cada seis adictos tiene acceso a tratamientos médicos. Entretanto, el acceso a las drogas de uso medicinal, es cada vez más restringido, y en varios países, incluso del mundo industrializado como en el propio EE.UU., se debate por las formas de financiar las enfermedades de alto costo. Resulta paradójico que el acceso a drogas de entretenimiento se haya disparado, mientras el de los medicamentos sea tan difícil.

El panorama complejo de la lucha contra las drogas, entraña la concertación de políticas regionales para abordar el tema. Los suramericanos, en los últimos años, se han acercado al establecimiento de unos mínimos que, aunque no signifiquen una posición unificada, allanan el camino para un consenso. Colombia tiene la oportunidad para corregir años de insistencia en un enfoque condenado a la inefectividad, así como de aportar sustancialmente al complejo debate. Se trata de uno de los activos principales del gobierno Santos, en materia de política interna y exterior.

* Profesor de la U. del Rosario.

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