¿Política laboral para los jóvenes?

Mujeres y hombres jóvenes son los principales aportantes al desempleo y el subempleo en Colombia. No interesa mucho si el precio del petróleo está alto, o si se desploma, si la tasa de cambio es de $1.800 o de $3.000, si la economía ha crecido como ninguna otra, y de manera sostenida, como ocurrió durante una década, en América Latina. El modelo económico no está diseñado para garantizarles empleo a los jóvenes que se encuentran en el mercado de trabajo.

Tampoco importa si el número de estudiantes en la educación superior se ha duplicado en lo que va del siglo, si las universidades de todas las calidades reclutan aspirantes a MBA, diplomados, especializaciones, que atiborran las aulas de día y de noche y los fines de semana: el mercado laboral colombiano no es amigable a los jóvenes, amén de la ausencia de análisis crítico acerca de la calidad de lo estudiado y aprendido.

Las matemáticas son simples: según el DANE (que no tiene la culpa; es el mensajero recurrente de la triste información) la tasa de desempleo nacional (febrero 2016) es del 10 %. Para los jóvenes (entre 14 y 28 años), el desempleo fue del 17,1 %. Las más afectadas son las mujeres jóvenes: 23,7 %.

Ciudades como Quibdó, Cúcuta, Ibagué y Armenia registran tasas superiores al 15 % de desempleo; las de los jóvenes pueden estar diez puntos arriba.

Los jóvenes representan la tercera parte de la población en edad de trabajar; si la población joven en el mercado laboral es de unos ocho millones de personas, calcúlese, entonces, la magnitud del problema, que no incluye el fenómeno del subempleo (catalogado como “objetivo” o “subjetivo” y que, en cualquier caso, representa tasas de dos dígitos).

Para una parte de quienes se gradúan año tras año de los centros de educación superior no cabe el discurso del capitalismo corporativo de hace cinco décadas o la vinculación a organizaciones públicas en las que “se hace carrera” y se tasan, desde el comienzo, los beneficios, cesantías y pensiones. Millones de jóvenes calificados de hoy, cuando están con suerte, saltan de contrato en contrato firmados a tres o seis meses, con baches de inactividad, en la mayor incertidumbre y, obvio, sin posibilidad de ahorro para sus pensiones.

En vísperas de un eventual acuerdo de paz, el país debe contar con un proyecto de envergadura para los jóvenes, incluidos aquellos que han tomado parte en él, bien como actores directos o víctimas, del conflicto.