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En Colombia las instituciones no dimensionan la gravedad que tiene la violencia contra mujeres. Es más, la invisibilizan. Ese hecho, sumado al subregistro y la falta de denuncia, hace que implementar políticas y programas efectivos para combatir estas acciones sea realmente difícil, señala el defensor del Pueblo Vólmar Pérez.
De acuerdo con el defensor, el desconocimiento de los derechos humanos, las obligaciones contenidas en las leyes por parte de los operadores de justicia y, especialmente, el lenguaje estereotipado y trato discriminatorio y revictimizante desestimula la denuncia por parte de las víctimas. Situación alarmante si se tiene en cuenta que en 2011, según Medicina Legal, se practicaron 17.000 exámenes médico-legales por posibles abusos sexuales.
Según el alto funcionario, Colombia sí cuenta con instrumentos legales no sólo para sancionar sino para prevenir casos de violencia de género. Por ejemplo, la ley 1257 de 2008, que adopta medidas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y que establece obligaciones a las autoridades nacionales y locales para diseñar e implementar políticas de prevención, atención y sanción de la violencia sexual.
“Debemos decir que no se ha avanzado lo suficiente en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres porque persiste la impunidad, que ha sido considerada como causa y efecto de la misma”, resaltó Pérez.
El defensor agregó que “el acceso a la justicia es el mecanismo más efectivo para reparar esta grave violación a los derechos humanos, identificar y sancionar a los responsables y adoptar medidas para garantizar la prevención y atención efectiva a las víctimas de la violencia sexual”.
Sobre el caso Rosa Elvira Cely
La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Secretaría de Gobierno de Bogotá y a la Policía Nacional “informes claros y precisos” sobre las acciones adelantadas a partir del momento en que Rosa Elvira Cely llamó por primera vez a la línea de urgencias 123.
El mismo informe tendrá que presentar la Secretaría de Salud para explicar por qué la víctima no fue trasladada a un centro médico más cercano del lugar donde fue hallada, luego del brutal ataque del que fue objeto.
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