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En Colombia, a todos los que argumentan la necesidad del orden y la seguridad se los asocia muchas veces con el despotismo, el fascismo o la tiranía.
Este es un enorme error conceptual y político que cometen muchos partidos y movimientos que aspiran a llegar al poder. Es un gran error conceptual porque la definición misma de Estado se confunde con orden y seguridad, como la que dio Max Weber en su célebre conferencia “La Política como Convicción”, cuando afirmó que el Estado es la entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Así, no puede existir un Estado propiamente tal si en su territorio existen grupos alzados en armas que le disputan el monopolio de la fuerza, de la justicia o de la tributación. Y si no hay un Estado que pueda proveer esos bienes públicos fundamentales —si no puede proveer orden y seguridad—, tampoco habrá protección de los derechos humanos ni desarrollo económico y social. Con toda razón, el filósofo británico John Gray, a quien nadie puede acusar de derechista, conservador o fascista, ha argumentado que en el siglo XXI, en regiones en donde el gobierno moderno se ha derrumbado, la principal amenaza para los derechos humanos, más que la tiranía, es la anarquía en ausencia de un Estado con el monopolio de la violencia.
Pero, además de ser un error conceptual, es un tremendo error político hacer caso omiso de la necesidad de contar con un Estado fuerte que provea orden y seguridad, porque los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil así lo demandan, particularmente en épocas de crisis y de incertidumbre.
En este sentido, hay que resaltar en Colombia nuevas voces de centro o de centroizquierda que, en forma explícita y no vergonzante, claman por un Estado fuerte y eficaz, como la de la senadora Claudia López, quien en su último libro argumenta que el éxito del llamado posconflicto descansa en la triada Ciudadanía, Estado y Mercado. Para ella, en gran parte de la periferia del país no ha habido Estado con el monopolio de la fuerza, de la justicia y de la tributación, y argumenta que no tendremos paz y protección a los derechos humanos, así se firme el acuerdo de La Habana, si no construimos un Estado que merezca su nombre. Más aún, enfatiza que la consolidación de dicho Estado tomará tiempo y recursos y, por ello, es impensable recortar por un largo período de tiempo el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de Policía.
Por su parte, el profesor y columnista de El Espectador Mauricio García Villegas también ha argumentado que la falta de un Estado eficiente y legítimo, que haga respetar los derechos de la gente, es una ignominia semejante al despotismo, y se lamenta que muchos militantes de izquierda suelen desconocer el hecho de que el anhelo de orden en la gente del pueblo es tan grande como el anhelo de justicia.
Es esperanzador escuchar estas voces, particularmente en un país que ya es posmoderno, y en el cual todos podemos hacer parte, no de una, sino de multiplicidad de visiones, comunidades y organizaciones, ya sean formales o informales. Una de esas comunidades que nos debería unir a todos los colombianos es la que clama por un Estado fuerte y eficiente que nos provea justicia, pero también orden y seguridad.