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Élites y guerrillas pactan en La Habana cómo repartirse el poder.
Bien lo dice uno de los intelectuales más independientes y estudiosos del país, el economista Luis Jorge Garay, en gran entrevista dada a la directora de La Silla Vacía, Juanita León: “Las élites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas élites puedan funcionar coordinadamente”. Y no es que esté contra el proceso de paz de La Habana. Sólo advierte sobre las limitaciones de los acuerdos que, en su criterio, no cambian la estructura social y de poder. Eso es evidente en los frentes agrario, minero, político y de justicia.
En materia agraria, se busca estabilizar el mercado de tierras mediante la clarificación de títulos que permitan reactivarlo, no redistribuir. El acuerdo, dice Garay, no es nada revolucionario. Las Zidres son buen ejemplo de ello. Se invierte en grandes proyectos agroindustriales, que exigirán protección de la fuerza pública, mientras se enfrenta militarmente a las bandas criminales que se oponen a la restitución. Por algo hay que empezar, se dirá. Pero la equidad en el campo no se logra a punta de agroindustria, aparcería y bala. Un proyecto nacional de desarrollo del campo, integrando el problema demográfico, ambiental, de cultivos ilícitos y ausencia de Estado, está aún por formularse.
En el frente minero es claro que la explotación ilegal de oro y coltán nos depara nuevas décadas de extrema violencia. Garay advierte que quizá la participación de la guerrilla desmovilizada en el control de las bacrim podría ayudar, pero más realista es pensar que los disidentes del acuerdo entrarán a fortalecer esos grupos criminales. Mientras el margen de ganancia en estas actividades ilícitas sea de tal magnitud, la probabilidad de éxito, todos sabemos, es ínfima. En realidad, élites y guerrillas, cada uno por su parte, intentan asegurar su porción de tierra anhelando acceder a las riquezas bajo la nueva legalidad.
La reforma política que se ve venir ratifica los diagnósticos respecto a que estamos ante un pacto de élites. Bajo la bandera de una mayor inclusión de grupos y movimientos disidentes, se dice querer sanear partidos y régimen electoral, con democratización y transparencia. De nuevo el pacto de mínimos acaba por ser un saludo a la bandera. La estrategia es siempre la misma: atiborrar de normas, profusas en color y cantidad, en lugar de adoptar pocas y efectivas, como prohibir los dineros privados en las campañas políticas, dar estricto acceso igualitario al espacio electromagnético en época de elecciones y establecer un tribunal electoral independiente.
Un punto anotado por Garay amerita examen detallado: si el enfoque de crímenes de sistema, que permite inculpar a los máximos responsables así no se pruebe una causalidad directa, se cambia o no por un enfoque de crimen individual, donde se deberá demostrar, caso por caso, que los jefes y comandantes fueron quienes ordenaron la ejecución de la conducta delictiva. Todo parece indicar que el costo del acuerdo en justicia será que mandos medios y bajos, en el Ejército y la guerrilla, terminarán por asumir la responsabilidad penal que les cabe a los mandos superiores.
El nudo gordiano del conflicto económico, político, social y cultural en Colombia sólo se desatará cuando las nuevas generaciones, más inconformes y estudiosas, decidan derogar los pactos de élites y redistribuir, en forma democrática, los factores reales de poder. Por fortuna está surgiendo una generación que no está dispuesta a ser convidada de piedra frente a élites y guerrillas ilegítimas e inferiores a los retos de un mundo crecientemente injusto como consecuencia de un modelo económico insostenible.
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