Sin las armas, a las urnas

Olvidado este episodio y faltando sólo dos debates para concluir el trámite de la reforma constitucional que el jefe de Estado ha denominado como “las llaves para la paz”, ayer fue revivido en la ponencia un parágrafo que le brinda vocería política a quienes dejen las armas. Según lo plantea el artículo transitorio 67, “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

La eventualidad de que los desmovilizados participen en política ha sido defendida a lo largo de los debates el coautor de la iniciativa, senador Roy Barreras, quien sostiene que “no será posible elegir a los autores de los crímenes atroces, pero sí habrá formas de vocería política y habrá mecanismos posibles en el futuro de participación política para quienes le apuesten a la paz”.

El Gobierno también ratifica el interés de encontrar en la participación política de quienes dejen las armas el camino para paz. Así lo planteó el ministro del Interior, Federico Renjifo, quien señaló que “es muy difícil anticiparse a qué dirán las leyes estatutarias que el Congreso tiene que aprobar sobre la vocería o elegibilidad. Lo que queremos es la paz y obviamente hablamos es de los alzados en armas”.

El expresidente Álvaro Uribe, nuevamente, rechazó las declaraciones del Gobierno y afirmó, a través de su cuenta en Twitter, que “la suspensión total de la ejecución de la pena al delito atroz es impunidad y permitiría elegirlos. Se requiere modificar texto”. Sin embargo, hay quienes recordaron que cuando era candidato a la Presidencia en 2002, planteaba los mismos beneficios para los alzados en armas.

En efecto, en su famoso programa de los 100 puntos, Uribe planteaba lo siguiente en el punto 42: “Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan sino para hacer la paz (…) toda la generosidad en la reinserción. Garantías efectivas para el ejercicio político de quienes provengan de los grupos armados; que hagan política sin armas y sin que los asesinen”.

Al margen del debate que genera la participación política de los desmovilizados, la ponencia sí acogió una de las solicitudes hechas por el exmandatario: la posibilidad de que los militares que hayan participado en casos emblemáticos, como la retoma del Palacio de Justicia, tengan el beneficio de excarcelación.

Según el artículo 1° del texto, “una ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado”. Más adelante aclara que “en desarrollo de la finalidad de los instrumentos de justicia transicional, en el caso de los agentes del Estado, las herramientas a las que se refiere el presente artículo podrán ser diseñadas de manera específica para que sean aplicadas, a la terminación del conflicto armado, a quienes hayan infringido las normas penales”.

Frente a ese argumento, Barreras explicó que la aplicación de la justicia transicional para miembros de las Fuerzas Militares se dará “a cambio de la verdad o la reparación” y “podrán obtener beneficios judiciales que pueden contemplar, inclusive, la excarcelación”.