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Este 2 de agosto se llevó a cabo un consejo de seguridad entre el Gobierno y el Distrito, allí, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó los proyectos con los que pretende mejorar la situación de inseguridad que vive actualmente la capital del país.
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Policía local para Bogotá
Es el primer proyecto de acto legislativo con el que el Distrito pretende crear una Policía local para la capital; bajo el modelo de agentes de policía, para las ciudades que tengan más de dos millones de habitantes.
“Como beneficio, permitirá a los alcaldes descargar a la Policía Nacional de temas locales de convivencia y control de situaciones delictivas menores. Así, los agentes de policía local podrán intervenir en sectores priorizados para temas de seguridad y convivencia”, señaló el Distrito en un documento.
Recalcando que los agentes de policía trabajarán bajo la orden de los alcaldes y junto a la Policía Nacional, “especialmente en mediación y control de comportamientos contrarios a la convivencia. Habrá más personal para atender los temas de seguridad y convivencia en las ciudades y los municipios, que se sumarán al régimen nacional conformado por las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.
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La operación de estos policías, según la propuesta, empezará después de un entrenamiento y formación enfocada en las rutas de servicios y atenciones “intersectoriales que permitan mejorar la seguridad y la convivencia en el territorio y de acuerdo con las características de cada ciudad, en conjunto con la Policía Nacional y sin duplicar acciones”.
Además, se expedirá una ley con la que se pretende regular su organización, el régimen disciplinario y la articulación con la Policía Nacional. Si este proyecto llega a ser aprobado por el Congreso, se establecerá un marco legal general, “mientras que los concejos crearán las unidades de agentes por iniciativa del alcalde y fijarán de acuerdo con las necesidades del territorio sus acciones”.
Equipos Territoriales de Convivencia
Este es un proyecto de ley con el que se pretende que los alcaldes puedan crear equipos de convivencia y que quienes lo conformen tengan la capacidad de expedir comparendos por acciones que afecten la convivencia, por ejemplo: “evasión de tarifas en transporte público, ruidos, basuras, entre otros”.
“Como beneficio se cuenta que ampliará la capacidad de imponer comparendos e iniciar procesos policivos; permitirá a los alcaldes intervenir en aspectos específicos de convivencia que afecten a la ciudad o al municipio; complementará a la Policía Nacional y a los Agentes Locales, en las ciudades en que estos se creen”, agregó el Distrito.
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Podrán ser varios los equipos territoriales, eso lo decidirá cada alcaldía. Y cabe recordar que estos no harán parte de la Fuerza Pública ni son un cuerpo armado. “Pero sí son autoridad de policía. En Bogotá ya existen experiencias favorables con los distintos equipos territoriales de las entidades distritales. La operación será similar a la de los agentes de tránsito, habilitados por la ley para imponer comparendos de tránsito”.
Régimen de Tratamiento Penal Alternativo para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Este Proyecto de Ley 108 de 2022, tiene la intención de reducir los índices de impunidad. Y propone crear un nuevo régimen que tenga sanciones efectivas a partir de un sistema “diferenciado para las contravenciones penales (delitos de alto impacto para la seguridad ciudadana)”.
En este régimen entrarían delitos como: inasistencia alimentaria, lesiones personales, hurto, estafa, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, daño en bien ajeno; delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales; e injuria.
“Un procedimiento ágil y expedito con fiscales y jueces propios, que evita las largas dilaciones en los procesos judiciales y evita, así, que se acaben los procesos por vencimientos de términos (duración no mayor a 5 meses o 4 en casos de flagrancia). Incluye a la víctima en el proceso y medidas concretas para su resarcimiento, generando una sensación de satisfacción de la justicia”, agrega el Distrito.
Asimismo, la administración compartió una serie de cifras de la Corporación Excelencia por la Justicia, en las que se reflejan el índice de impunidad que manejan distintos delitos, las cuales respaldarían la aprobación de este proyecto.
Hurto: Entre 2010-2022 hubo 4.350.439 millones de denuncias a nivel nacional (+26% del total de denuncias). Solo el 2,1% está en etapa de juicio y el 3,75% tienen condena-ejecución de penas.
Estafa: Entre 2010-2022 hubo 612.973 denuncias. Solo 0,47% tiene condena y el 0,76% en etapa de juicio.
Lesiones personales: Entre 2010-2022 hubo 1.492.003 millones de denuncias. El 0,92% casos tienen condena y el 1,25% en etapa de juicio.
Por lo pronto, los ciudadanos quedan a la espera de la respuesta del Congreso, teniendo en cuenta que la capital necesita soluciones prontas y efectivas frente a la criminalidad.
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Por Sara Caicedo
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