¿En el lugar equivocado?

La fallida reforma a la ley 30 y, más que ella misma, la manera como se manejó frente al sector y al movimiento estudiantil, ha puesto a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en el ojo del huracán. Y no faltan quienes consideran que, más allá del rechazo que hoy genera entre los estudiantes, su problema comenzó desde que fue nombrada en un área en la que no tenía experiencia. A pesar de sus cualidades, de contar con una hoja de vida transparente y eficiente y de haberse rodeado de expertos en el tema educativo, su nombre generó desde el comienzo desconfianza entre sus interlocutores naturales, sencillamente por llegar a un tema nuevo para ella.

No es el suyo un caso único. Otros excelentes profesionales han sido llamados a manejar temas ajenos a su experticia. Frank Pearl, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo, un economista de muchos triunfos en el sector privado, se desempeñó como consultor y empleado de grandes empresas privadas, pero en el campo del medio ambiente y en lo tocante al mismo, tan delicado hoy en día por cuenta de las “locomotoras” del desarrollo, no tenía experiencia. Antes bien, su enfoque empresarial genera desconfianza frente a ese matrimonio posible pero traumático entre el cuidado del medio ambiente y su explotación, sobre todo a quienes desde hace muchos años vienen trabajando para desarrollar una legislación ambiental fuerte.

Es cierto que se trata de profesionales con posibilidades de tener una curva de aprendizaje rápida, más si están, como en general es el caso, bien acompañados por sus equipos. También es verdad que su bagaje puede aportar elementos adicionales importantes para sus responsabilidades. Muchas veces la llegada de una mirada descontaminada puede hallar salidas creativas a problemáticas estructurales que por años han estado sin solución. Con todo, el ejemplo del tiempo y el esfuerzo invertidos en vano con la reforma a la educación superior parecen demostrar que se trata de una apuesta demasiado arriesgada.

El tema cobra la mayor importancia con la entrada en operación de la reforma del Estado. ¿Cómo se elegirán las cabezas de la buena cantidad de instituciones que se han creado? ¿Seguiremos en el peligroso camino de probar con excelentes hojas de vida, pero poca o ninguna experiencia en cada área?

El primer nombramiento despertó las mismas inquietudes. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social estará a cargo de Bruce MacMaster, economista de la Universidad de los Andes que, como dice en su perfil la página de la Presidencia, “tiene más de 18 años de experiencia en Banca de Inversión, especialmente en las áreas de infraestructura y desarrollo de proyectos en transporte y telecomunicaciones”. La política social, con puntos tan centrales como pobreza extrema, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras e infancia, entre otros, estará bajo su mando. Claro, de la buena administración depende parte del éxito de esta nueva institución, pero para quienes llevan años dedicados al estudio de estos temas resulta inconveniente que quien los maneje sea alguien proveniente de otras áreas, con todo y que en su caso haya estado vinculado a programas de beneficiencia privada.

Claro, no haber estado en un sector no significa que no se pueda tener éxito. Es plausible que existan tecnócratas dentro de un Gobierno, claro. Pero desechar la experiencia no resulta aconsejable ante la meta enorme de ordenar el funcionamiento armónico del Estado.