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El Gobierno de Ecuador ratificó el asilo diplomático concedido al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.
Ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Estocolmo, que mantiene la orden de detención contra Assange, el Gobierno ecuatoriano ratificó la vigencia del asilo concedido al australiano en 2012 y la protección de la que goza en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de ese año.
«Fiel a su larga tradición de defensa de los derechos humanos, y en particular los de las víctimas de persecución política, el Ecuador ratifica su compromiso de proteger la libertad y la vida del ciudadano Julian Assange», señala un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana.
Por ello, ratifica «la vigencia del asilo concedido a Julian Assange y se reafirma en su intención de mantener esta protección el tiempo que sea necesario, hasta que Julian Assange llegue a un lugar seguro».
Además, el Gobierno ecuatoriano «reitera su ofrecimiento de cooperación judicial al Reino de Suecia, para alcanzar una pronta solución al caso».
El texto oficial recuerda que «Ecuador mantiene su invitación a que funcionarios suecos visiten su embajada en Londres para que se tome declaración a Julian Assange o bien se utilicen medios telemáticos (videoconferencia) para ello».
«Ambas posibilidades están contempladas de forma explícita en la legislación procesal vigente en Suecia y en la Unión Europea», añade el comunicado, en el que Ecuador expresa también «su confianza en reabrir con prontitud los canales de diálogo político al más alto nivel con el Gobierno de Suecia, lo que permitirá abordar de manera franca y constructiva el caso en cuestión».
Assange, responsable de la filtración de miles de documentos secretos con el portal WikiLeaks, se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, desde donde teme que puede ser entregado a Estados Unidos.
Ese argumento fue el que Ecuador esgrimió para conceder el asilo al australiano, acusado de cuatro delitos contra dos mujeres, que él niega, cuando estaba de visita en Suecia en agosto de 2010.
El proceso ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y una reapertura del caso, que había sido reducido inicialmente a un delito menor.
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