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El Consejo de Estado ordenó la reubicación de los vendedores ambulantes que se encuentran en centro y suroccidente de Bogotá.
La decisión fue adoptada al resolver una acción popular interpuesta por un particular en contra de la Secretaría de Gobierno Distrital, la Alcaldía local de la Candelaria y la Policía Metropolitana y la defensoría del espacio público, para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público.
En la demanda se explicaba que la ocupación ilegal de los vendedores ambulantes en la carrera séptima desde el Palacio de Justicia hasta la calle 24, hace imposible el tránsito por las aceras del sector y que las autoridades no han realizado acciones efectivas para recuperar el espacio público invadido.
En la sentencia se le ordena al Distrito implementar en menos de dos meses un sistema para identificar plenamente a los vendedores, con el fin de incluirlos en programas de reubicación.
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