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En la madrugada del 24 de mayo de 2012, en un rincón del Parque Nacional de Bogotá, fue asesinada Rosa Elvira Cely. La sevicia con la que fue atacada por Javier Velasco, quien la golpeó con el casco de su moto en la cabeza, la dejó casi inconsciente, la violó, la apuñaló y le introdujo ramas por el ano y la vagina hasta destruir sus intestinos y órganos pélvicos, volvió su caso en un símbolo en la lucha contra la violencia contra la mujer. Pese a la inclemencia del crimen y de que había pruebas que las autoridades no reaccionaron como debían hacerlo para salvarle la vida a Rosa Elvira Cely, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cuando estaba a la cabeza del hoy senador Miguel Uribe Turbay, la culpó a ella misma de su propio feminicidio.
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Ahora, esa respuesta oficial fue duramente criticada por el fallo que condenó al Estado por este brutal caso. Lo hizo el juzgado 37 administrativos de Bogotá que, desde el 22 de agosto de 2014, estudiaba una demanda de la familia de Cely contra la Policía, la Fiscalía y las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá. A su parecer, las entidades no hicieron lo que debían para evitar el desenlace de esta historia, una premisa que ya fue confirmada por la propia justicia. En el fallo de 85 páginas, el juzgado, además de darle toda la razón a la familia Cely, reprochó duramente la respuesta que, en un principio, envió la Secretaría de gobierno de Bogotá, en mayo de 2016, para exculparse de todos los cargos. Lo hizo, sin embargo, con un polémico argumento: El caso fue “culpa exclusiva de la víctima.
En ese momento, El Espectador reveló los detalles de la respuesta de la oficina de Miguel Uribe Turbay al juzgado administrativo. Su contenido fue en estos términos: “Todos sabían que (Javier Velasco y Mauricio Ariza, este último exculpado en el proceso) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante lo anterior, Rosa Elvira Cely salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos”. Sin embargo, como lo logró probar la defensa de la víctima en el proceso, para ese momento nadie del círculo cercano de la víctima y victimario sabían que Velasco había sido condenado en 2002 por asesinar a una mujer. En otras palabras, nadie tenía ni idea del riesgo que podía representar este hombre. No obstante, la Secretaría de Gobierno le reprochó a Cely no saber el pasado de su agresor.
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Otro de los reproches de la oficina de la Alcaldía fue que la propia Rosa Elvira Cely eligió arriesgarse yendo a un sitio “desolado e intransitado en las noches (…) Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, señaló la Secretaría de Gobierno. Sobre este argumento, la defensa de la mujer logró probar que estaba alejadísimo de la verdad. Con pruebas y testimonios, le probaron al juez que ese 24 de mayo, Cely estaba con Velasco porque él se ofreció a llevarla a su casa, después de sus clases para validar el bachillerato, y que en el camino, él y solo él se desvió de la ruta, la llevó al parque y la atacó con tal sevicia que los médicos que la recibieron lloraron al ver la extensión de sus heridas.
Luego de conocerse la respuesta de la Alcaldía, Uribe Turbay expresó su indignación y pidió disculpas a la familia de Cely. Y aclaró: “Hemos cambiado el equipo de defensa judicial, rechazamos la postura jurídica que ha tomado la abogada, se le pide al juez que rechace el argumento y se le pide no tenerlo en cuenta, la Secretaría General buscar alguna conciliación en el caso”. En ese momento, agregó que en su oficina jurídica había un cortocircuito y una desarticulación en el Distrito en la defensa judicial. Aunque pidió que el juzgado no tuviera en cuenta la respuesta revictimizante, el despacho no aceptó la petición. Tiempo después, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra, pero lo terminó archivando a su favor, pues no pudo demostrar la injerencia del hoy senador en la respuesta que dio su oficina jurídica.
Luego de años de revisión, el juzgado 37 administrativo de Bogotá le dio toda la razón a la familia de Rosa Elvira Cely. En el fallo, reconoció que todas las autoridades llamadas a proteger y salvarle la vida a la mujer fallaron: la Fiscalía no hizo nada por mantener en custodia a un hombre que evidentemente era un peligro para la sociedad; y el servicio de salud no garantizó un servicio rápido y oportuno, pues a la víctima nunca la atendieron adecuadamente después de la agresión. “En conclusión, si la Fiscalía hubiese actuado en debida forma, atendiendo los antecedentes del señor Velasco y las distintas pruebas, aquel no hubiese estado en las calles perpetrando crímenes y, con ello, se hubiese evitado el fatídico resultado en la integridad personal de Rosa Elvira”, dice la sentencia.
El juzgado agregó: “Para el Despacho, si el examen exhaustivo a los genitales o la toma de muestras se hubiese realizado en la valoración inicial, o inmediatamente al egreso del triage, se hubiese divisado la gravedad de la paciente de una forma más pronta, omisión que incidió en la agravación de la paciente”. Además de estas consideraciones, el juez del caso aprovechó la oportunidad para reprochar la respuesta que en su momento hizo la Alcaldía de Bogotá. Si bien no profundizó en cada uno de los puntos expuestos por la entidad, el fallo explica sin rodeos que este tipo de argumentos contribuyen a perpetuar la violencia y discriminación contra la mujer a través de manifestaciones de sexismo”.
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Para el juzgado, “esas expresiones deben ser erradicadas de los procesos judiciales y de la sociedad en general, como quiera que, resultan revictimizantes. La excepción propuesta pretende endilgar culpa a la propia víctima, quien sufrió de manera directa el cruel ataque a su vida e integridad, situación que justifica la violencia contra la mujer. Por lo expuesto, se insta a la entidad demandada a evitar la inclusión de argumentos discriminatorios y que estereotipen a las víctimas de violencia sexual. Las autoridades y los distintos organismos de todos los órdenes del Estado son los primeros llamados a crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos”, dice la sentencia.
El jalón de orejas al Estado y a la respuesta de la Secretaría de Gobierno del hoy senador Miguel Uribe fue aplaudido por organizaciones que trabajar para proteger los derechos de las mujeres. La familia de Rosa Elvira Cely y sus abogados también se refirieron al tema: “La familia de Rosa Elvira Cely y dhColombia (la organización de abogados que defendieron el caso) destacan que, aunque en esta decisión judicial se ratifica que el enfoque de género es obligatorio, lo cierto es que las violencias basadas en género no son debidamente atendidas por la administración de justicia y especialmente por la Fiscalía, que incumple su función de prevenir, investigar y sancionar”.
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En mayo de este año, para el aniversario número 11 del asesinato de la mujer que dio vida a la ley sobre feminicidio en Colombia, su familia y abogados hicieron un contundente llamado: “Si queremos recordar a Rosa Elvira Cely, si queremos honrar su memoria, deberían cesar los crímenes y cualquier clase de violencia en contra de las mujeres, en especial parar la tolerancia estatal y social a esa violencia”. Sin embargo, las cifras fueron escandalosas. Según el conteo independiente del Observatorio Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, entre enero y marzo de 2023, se registraron 133 feminicidios en el país. Una cifra que sigue creciendo ante los ojos de todo el país.
Nota de la editora: esta nota fue editada para agregar que la Procuraduría abrió una investigación en contra del senador Uribe, pero terminó archivándola a su favor.
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