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La orden de la Corte Constitucional de suspender el proceso licitatorio para el manejo de Doña Juana por los próximos 11 años, le está costando a la Administración Distrital 23 millones de pesos diarios.
El mandato de la Corte se debe a que un grupo de recicladores de Bogotá instauró 21 tutelas contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) alegando que dentro de los pliegos de condiciones de la licitación no los tuvieron en cuenta.
Por esta razón se emitió la orden judicial de suspender el proceso mientras la UAESP incluye a los recicladores dentro de los pliegos. Sin embargo, la Unidad de Servicios Públicos asegura que ellos están incluidos en la licitación para manejar el relleno sanitario.
El aplazamiento del proceso licitatorio le cuesta a la ciudad 23 millones de pesos diarios por la prorroga que debe hacérsele al contrato con Aguas Bogotá, consorcio encargado del manejo de la disposición final de residuos sólidos.
La licitación tiene un valor de 230 mil millones de pesos y busca que un sólo concesionario se encargue de manejar la disposición final de basuras y el tratamiento de lixiviados (líquidos en descomposición). Actualmente, dos operadores se encargan de los dos procesos.
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