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Hace poco más de dos meses, el presidente del Icetex, Mauricio Toro, anunciaba que, tras una investigación iniciada por la Contraloría General de la República y continuada por ese Instituto, habían identificado serias inconsistencias en 10.000 créditos entregados entre 2018 y 2022. (Puede leer: Los estafadores que tumbaron al Icetex y a cerca de 10.000 estudiantes)
Como contó Toro en su momento, se trataba de 10.000 créditos que habían sido entregados, en teoría, a jóvenes que hacían parte de población con discapacidad. Sin embargo, tanto la Contraloría como el Icetex, identificaron que en miles de estos casos los soportes enviados para la obtención de los créditos no permitían concluir que realmente tuvieran alguna condición discapacitante.
Por este motivo, El Icetex suspendió la renovación de esos 10.000 créditos para revisar, caso por caso, los soportes que habían enviado. Mientras tanto, desde el primer anuncio que Toro hizo, a finales de mayo, señalaba como principales responsables a tramitadores que falsificaron papeles de EPS para hacer pasar a miles de jóvenes sanos con algún tipo de discapacidad. (Le puede interesar: Estos serían los puntos clave de la reforma al Icetex)
Como contamos en esta nota hace algunas semanas, el modus operandi de los estafadores variaba de ciudad en ciudad y la zona más afectada era el Caribe, pues cuatro universidades de esa región (Universidad del Sinú, el Cecar, la Universidad Bolívar y Corposucre) agrupan a casi un tercio de los 10.211 estudiantes a quienes les bloquearon los créditos.
Pero, ¿cómo va el caso poco más de dos meses después de que se hubieran detectado las irregularidades? Según le contó Toro a El Espectador, “de los más o menos 10.000 créditos que se bloquearon, solo quedan por desbloquear 1.333. Es decir, que al resto logramos ayudarles y salvarles”. (También puede leer: El MIT dictó un curso a privados de la libertad en la cárcel La Modelo, en Bogotá)
De acuerdo con Toro, tras el trabajo del Icetex, comprobaron que solo 383 jóvenes contaban con alguna discapacidad. Luego, identificaron que 1.902 jóvenes no cumplían con el requisito de la discapacidad, pero sí pertenecían a población en condición de vulnerabilidad, por lo que permanecerían en líneas de protección constitucional que ofrece varias condiciones favorables para los beneficiarios.
Aunque no especificó, el presidente del Icetex mencionó que un tercer grupo nutrido de jóvenes estaba integrado por personas que tienen Sisben que va del A1 al C7, que también hacen parte de las líneas de protección constitucional. Tras revisar que realmente estuvieran incluidos en las bases de datos del Sisben, los créditos de los estudiantes de este grupo también fueron desbloqueados hace algunas semanas. (Puede interesarle: La Universidad Nacional abre 8.000 cupos para 48 cursos gratuitos en Antioquia)
Por último, le contó Toro a este diario, quedó un grupo conformado por 1.333 personas, que no cumplen con ninguna de las características mencionadas. Estos jóvenes deberán pasarse a una línea tradicional del Icetex, donde pagan tasa de interés del 3 % más el IPC, no tienen subsidio de sostenimiento y deberán regresar el dinero que les fue entregado mientras hicieron parte de la línea de personas con discapacidad.
Por otra parte, Toro aseguró que los más de 10.000 estudiantes implicados en este caso fueron denunciados ante la Fiscalía, pues así lo determina la ley. “Partimos de la base de la presunción de inocencia, el 95 % fueron víctimas de tramitadores”, apunta el presidente del Instituto. Sin embargo, aclara, será la Fiscalía quien decida acusar a los jóvenes de los delitos a los que haya lugar luego de la investigación. (Puede leer: Abren 51 mil cupos para estudiar en el Sena. ¿Cómo aplicar?)
Mientras Toro espera reunirse en los próximos días con la vicefiscal que lleva el caso, señala que lleva semanas recorriendo las regiones más afectadas por los tramitadores y reuniéndose con los rectores para fortalecer la cooperación entre las instituciones y el Icetex con el fin de disminuir la cantidad de jóvenes víctimas de redes de tramitadores.
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