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El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, le solicitó al presidente de la República, Álvaro Uribe, revocar el decreto 1289 de 2010, con el fin de no afectar los recursos que anualmente ingresan al sistema de salud de la capital producto de los juegos de azar.
Según el decreto, la industria de chance y apuestas permanentes tendrá que girarle a Bogotá sólo el 12% de las ventas brutas; es decir, que este año la capital dejará de recibir un 28,37% menos y en 2011 un 30,46%.
Las industrias del chance venían haciendo aportes a la salud con una fórmula diferente que dependía de una rentabilidad mínima por ingresos o por utilidades y ellos tenían que aportar la que fuese la más grande. El Ministerio de la Protección Social cambió la fórmula a 12% de las ventas brutas.
"Los derechos de explotación del juego de apuestas permanentes a través de dicho contrato de concesión constituyen una fuente de ingresos para el Distrito y el departamento de Cundinamarca, destinados al sector salud, que presenta a la fecha un estado de alta vulnerabilidad, tal como lo reconoce el Gobierno Nacional en el decreto mediante el cual se declaró la Emergencia Social, en donde afirma que en el último año el déficit corriente por prestación de servicios de salud presentó un crecimiento del 116% entre 2008 y 2009", indicó Moralesrussi.
Quien a su vez dijo que "los derechos de explotación pactados en el contrato se ven menguados por dicho decreto que resulta lesivo si se tiene en cuenta que afecta directamente las condiciones previamente pactadas, soportado en unos estudios de mercado que establecieron unos valores mínimos que el concesionario debe trasladar a la salud y que ahora se disminuyen ostensiblemente, haciendo más gravosa la situación de déficit por la que atraviesa el sistema de salud territorial".
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