Doña Juana, suspendida

Al considerar que la garantía de un orden social justo deviene de la materialización de los derechos de todas las personas sin excepciones, el alto tribunal actuó en respuesta a una de las 21 acciones de tutela interpuestas por  organizaciones de recicladores que  aseguran que las condiciones de la licitación las dejan por fuera del negocio y, más allá, contrarían la jurisprudencia de la Corte, que en la sentencia T-724 de 2003 determinó  que la Uaesp —encargada de Doña Juana— o la entidad que haga sus veces deberá incluir “acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá” cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo.

En ese sentido, la corporación dio 48 horas a la Uaesp, contadas a partir de la notificación del auto, para que la entidad distrital exponga las razones “de hecho y de derecho” sobre cómo fueron incluidas en los pliegos de la licitación las “acciones afirmativas” que benefician a los recicladores.

Por su parte, la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, el tutelante, ampliará los argumentos por los cuales considera que el proceso incumple la ley.

La noticia fue celebrada por varios concejales, quienes venían haciendo veeduría y advirtiendo presuntas anomalías en el trámite —que ya había sido cancelado el año pasado por irregularidades—. “Es muy pertinente lo que ha pasado. Ahora la Corte estudiará todo el proceso”, dijo el cabildante Carlos Vicente de Roux.

Ayer, el zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, expresó su desacuerdo porque el contrato, que dura 11 años, se adjudicara hoy. “Les pedimos que no adjudiquen con cabeza caliente, que se tomen un tiempo para analizar”.

Respecto a la decisión del tribunal constitucional, la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, manifestó: “No nos han notificado del auto, sin embargo, ya tuve la oportunidad de conocerlo. La Corte suspende la licitación como medida cautelar, mientras averigua si son ciertas las reclamaciones de un grupo de recicladores. Mañana (hoy) espero notificarme”. La Secretaría General de la Corte Constitucional, no obstante, le confirmó a este diario que la determinación judicial había sido entregada a la Unidad.

 Mientras tanto, el ambiente que reinaba ayer entre los tres consorcios oferentes —Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Gestión Ambiental y Sociedad Futura Ecoparque— era de total confusión. Algunos esperaban la resolución de la Unidad notificándoles la suspensión de la licitación. “Hasta que eso llegue, asumimos que esto sigue adelante”, manifestó uno que prefirió que se omitiera su nombre. Otros presumen que la orden de la Corte implicará una necesaria ampliación al contrato de Aguas de Bogotá, actual operador del relleno.

Lo cierto es que, como explicó el ex magistrado Alfredo Beltrán, la justicia habló y su palabra deberá ser cumplida.