Un desafío simbólico

Han pasado casi once meses desde que el presidente de la Generalitat de Cataluña (gobierno autonómico), Artur Mas, anunciara que varios partidos catalanes, excepto Ciutadans, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían acordado realizar un referendo para preguntarles a los ciudadanos acerca de cuál debería ser la relación entre el Estado español y Cataluña, luego de siglos de una relación llena de conflictos y de guerras entre ambos. Las opciones de esa consulta fueron las de la independencia, Estado federal o el mantenimiento del statu quo actual.

Desde aquel momento hasta ahora, el ejecutivo catalán ha quemado ya todos los cartuchos que podrían haber permitido realizar la consulta de forma legal. No se ha aceptado, por parte del gobierno central, amparado en las decisiones del Tribunal constitucional, ni la transferencia de las competencias en materia de referendo a la Generalitat, ni la aprobación de una ley de consultas no refrendarias (que además dotaba a los ciudadanos de herramientas eficaces para hacer oír hacer su voz en todo tipo de asuntos) y ahora se ha suspendido una convocatoria de consulta popular no vinculante impulsada por la Generalitat y gestionada por el tejido asociativo ciudadano.

El gobierno de Cataluña y el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, integrado por los partidos políticos afines a la consulta, las asociaciones ciudadanas que han participado del proceso y otras entidades públicas y privadas, como el FC Barcelona, han decidido mantener la consulta programada para hoy, 9 de noviembre, pese a la última sentencia emitida. Ciertamente la consulta, tal como está convocada, no es otra cosa que un gesto simbólico hacia el gobierno español, un performance, porque carecerá de cualquier tipo de validez democrática (a pesar de eso, una parte importante de la población catalana quiere hacer parte de ello).

Ha sido un largo pulso entre el gobierno central y el autonómico con un amplio apoyo por parte de la población catalana a favor de la consulta. Este proceso se ha caracterizado por la lucha incesante entre la voluntad de expresarse del pueblo catalán y la negativa del ejecutivo español a que lo haga. Una y otra vez el Partido Popular ha esgrimido el argumento de la Constitución Española para anular todas las iniciativas del bloque en favor del referéndum, alegando que la votación contradice la ley española y que sin ley no hay democracia.

Ha sido un proceso duro, rudo y a veces un tanto sucio, ya no tanto por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy (que se ha limitado a ignorar las peticiones de diálogo de Artur Mas con un “Hablemos de lo que quiera, menos de eso” y a enumerar las consecuencias negativas que tendría una eventual independencia), o por parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña (que ha ido quemando todos los cartuchos legales que ha tenido a su disposición), sino por parte de los medios de comunicación, afines a uno y a otro bando, que se han encargado de tensar hasta el máximo los ánimos de catalanes y españoles. Los medios afines al gobierno exigen en sus tertulias de radio y televisión contundencia contra el pueblo catalán y los medios afines al proceso soberanista han usado las posturas radicales de los opuestos para enrarecer los ánimos en Cataluña.

Nadie sabe exactamente lo que sucederá hoy. El gobierno de España tiene la opción de evitar por vía judicial que los ciudadanos catalanes se expresen votando, lo que conllevaría el uso de la fuerza policial para retirar las urnas. El presidente Mas ya ha anunciado que tras el 9N solicitará al Estado un referendo legal, pero todo parece indicar que el punto de inflexión real en el proceso será la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias en clave de independencia (en este escenario no existiría la posibilidad del planteamiento federal).

Muchas voces se alzan desde Madrid para evitar esta posibilidad, las más extremas reclamando acciones contundentes en contra de los separatistas. Sin embargo, cada vez más, existe un sector intelectual que ve en la actitud del gobierno español el principal factor que ha propiciado el alejamiento de la sociedad catalana, que se siente ultrajada por el desprecio a sus opiniones. Sea como sea, se acercan tiempos interesantes. 

*Periodista y doctoranda en filosofía contemporánea de la Universitat de Barcelona. Investigadora sobre ciber-revoluciones y tecno política.