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¿Reforma política disfrazada de reforma a la justicia? Es la pregunta que se plantea en algunos sectores de la opinión pública nacional tras la aprobación en quinto debate del acto legislativo que, supuestamente, apunta a “superar los problemas que presenta el actual sistema judicial colombiano” generando más acceso y oferta de justicia, así como “aumentar la eficacia y eficiencia con la finalidad de reducir la morosidad y dilación de los procesos y así contribuir a descongestionar los despachos”.
Y la verdad es que las dudas saltan a la vista y, por ejemplo, no se entiende qué tienen que ver con la tan mentada descongestión judicial temas como el que la orden de captura contra los congresistas se dé desde el momento en que se dicte resolución de acusación, la modificación del actual sistema de reemplazos en las corporaciones públicas o silla vacía, el que las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría estén guiadas por el reglamento interno del Legislativo o que los procesos por pérdida de investidura se surtan en dos instancias y no aplique en todos los casos.
“En la práctica no es una reforma a la justicia sino una contrarreforma política. Lo que están haciendo los congresistas con el auspicio del Gobierno es eliminar todas las sanciones que se lograron instaurar en los últimos ocho años, gracias a la presión de la sociedad civil, para sancionar casos como el de la parapolítica. Por ejemplo, se está acabando con la silla vacía y ese es un golpe muy duro a la lucha por limpiar la política en Colombia y protegerla de la mafia”, señaló la analista política Claudia López.
Ayer, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, planteó incluso solicitar una “observación internacional” en el trámite del proyecto, lo cual fue inmediatamente rechazado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra: “Los colombianos tenemos suficiente experiencia en materia constitucional y jurídica, tenemos un Estado de Derecho suficientemente sólido como para, a estas alturas del partido, acudir a instancias internacionales para que vengan a ayudarnos a reformar la Constitución”, dijo.
Mientras tanto, las alarmas se encendieron en la Corte Suprema de Justicia, que citó a una reunión extraordinaria urgente para estudiar lo que se aprobó el miércoles en la Comisión Primera del Senado. Al interior del alto tribunal se conocen voces que ven conveniente volver al debate en el Congreso, mientras que otros consideran que hay que insistir para que la iniciativa sea retirada y que se debería hablar de frente con el presidente Santos.