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Los congresistas, en medio de la discusión de la reforma a la justicia, incluyeron un polémico artículo que promueve un ‘auto-blindaje’ para los legisladores, cuando están inmersos en procesos penales.
Pese a que varios exparlamentarios terminaron detenidos -principalmente por la parapolítica- y el desarrollo de los procesos se dio con la inmediata detención con la apertura de investigación formal, ahora buscan que sólo se dé esa privación de la libertad cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia.
Dice el artículo que los aforados «podrán ser privados de libertad cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito».
Adicional a esa iniciativa, la reforma establece la creación de una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán, respectivamente, las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia.
Según el proyecto, los miembros de esa ‘súper-sala’ deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.
La Sala de Investigación y Calificación tendrá diez miembros, quienes serán elegidos por la Corte Constitucional de ternas integradas por el Presidente de la República, los cuales se dividirán en dos salas, una para adelantar las investigaciones penales de los aforados, y otra para conocer de los procesos disciplinarios.
Los miembros de la Sala de Juzgamiento serán 5, elegidos por la Corte Suprema de Justicia mediante voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de 5 candidatos conformadas mediante convocatoria pública para un periodo de ocho años sin posibilidades de reelección.
Este miércoles la comisión primera del Senado se apresta a votar el proyecto de acto legislativo en medio de una aguda polémica por los artículos que van en favor de los mismos legisladores.
Vale la pena recordar que la reforma también le quita al procurador la facultad de investigar disciplinariamente a los congresistas.
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