No a blindaje de congresistas

Frente a los procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, el presidente de este alto tribunal manifestó que “existe todo un contenido jurídico, constitucional e ideológico que le ha dejado un mensaje a los congresistas de que la pérdida de investidura es un patrimonio de todos los colombianos, es la garantía de que los parlamentarios elegidos son absolutamente impolutos, y no debe debilitarse”.

Este reclamo obedece a la propuesta, incluida en la reforma, que contempla que en los procesos que se adelantan en el Consejo de Estado se incluya como sanción la suspensión por un período máximo de seis meses y no se aplique la pérdida de investidura como única sanción.

Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre manifestó su desacuerdo con la fórmula planteada por el Congreso para garantizar la doble instancia en su juzgamiento. La reforma establece que a los legisladores sólo se les pueda dictar medida de aseguramiento cuando exista una sentencia judicial en primera instancia o cuando sean sorprendidos en flagrancia.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta y lo que considero es que se debe constituir un tribunal de garantías de alto nivel para los procesos contra los congresistas y, en ese sentido, creo que la medida de aseguramiento sólo puede aplicar a partir de la resolución de acusación en firme y controlada por el juez de garantías, que sería el encargado de velar por el respeto de los derechos del congresista”, sostuvo Montealegre.

Otro tema con el que no estuvieron de acuerdo los altos funcionarios tiene que ver con el juzgamiento de aforados. Para el fiscal general, no se debe llevar en su totalidad en la Corte Suprema de Justicia: “La etapa investigativa debe ser realizada por la Fiscalía, y la sentencia en primera y segunda instancia sí debe ser dictada por la Corte”.

De acuerdo con la iniciativa en discusión, se busca crear un el tribunal de juzgamiento para aforados, que sería elegido de una terna presentada por el presidente de la República y nombrados por la Corte Constitucional. Esta propuesta, a juicio del presidente del Consejo de Estado, afectaría la igualdad entre las cuatro altas cortes y pondría a la Constitucional en un nivel más alto.