La contribución británica a la paz

Su estrategia de persuasión era aterrorizar a la audiencia. “Si no meten la mano en sus bolsillos para ayudar a Colombia”, afirmó en tono profético, “sus rutas pobres de inmigración se volverán rutas millonarias. Los narcoterroristas de las Farc ya hacen presencia en los estados fallidos del África Occidental. Bien pronto las pateras que arriban a las costas de Gibraltar y España vendrán cargadas de droga”.

¿Creía el funcionario que los asistentes saldrían corriendo donde sus senior civil servants y CEO para rogarles que vaciaran sus cofres y de tal manera evitar el apocalipsis? ¿Era consciente de que entremezclaba un motivo racial con la vieja fórmula del enemigo existencial?

En realidad, apenas repetía la convicción del Gobierno de la época, que repetía a su vez el consenso pos-9/11 en Washington. Era cuestión de agrupar todos los males bajo algún nombre —terror, digamos—, llamar a la guerra contra ese nombre y prometer luego la conquista del mal mediante su exteriorización sustantivada, convertida en emisario sacrificial. Exterminado el enemigo, entraríamos por fin en la tierra prometida. Así rezaba la teología política de la seguridad mal llamada democrática.

Pero si la primera repetición ya era cómica, la del funcionario colombiano en Londres resultaba absurda.

Cierto, las veleidades orwellianas de tal discurso de la seguridad en Colombia permitían presentar la guerra como si fuese la paz, la ignorancia como teología verdadera y la libertad… como un convoy de autos en dirección a la Costa, o la tierra prometida de la confianza inversionista, protegido por tanques de guerra.

Pero en la tierra de Orwell, la hipérbole y el doblepensar no caen bien. Los británicos no comen cuento pues los han inventado todos. Su magnífico idioma parece diseñado para evitar el doblez y el sinsentido. Ello explica a Hume y Bentham.

Cuando el funcionario se sacó metafóricamente el sombrero para pasarlo entre la audiencia, ésta se rehusó elegantemente usando un término tomado de Bentham: nonsense. La historia de las rutas “ricas” llenas de negros y droga les pareció antipática, carente de sentido.

Valga decir que a ninguno de los asistentes a dicha reunión podría acusarse de paciencia o simpatía con los actores del conflicto armado. Pero menos aún con gobiernos latinoamericanos, reducidos al indigno papel de pasar el sombrero. Máxime a sabiendas de que en la Europa de hoy no hay dinero.

Los políticos británicos de hoy darán su apoyo irrestricto al proceso; ya lo hicieron el ex-IRA Martin McGuiness, el conservador William Hague y el príncipe Carlos. Será necesario que el gobierno Santos apele a laboristas interesados como Chris Bryant o Jeremy Corbin, pues podrían ser el próximo gobierno. Su apoyo importa, pero no más que el de Venezuela, Noruega, Chile, EE.UU., Brasil y Cuba, pues el proceso colombiano tiene lugar en el nuevo siglo en que las Américas dan ejemplo al resto del mundo, no en el XIX de la dominación angloeuropea. Así que mal podría el anglófilo Santos hacerse ilusiones acerca de apoyos cuantiosos. Quizás haya fondos, pero las ayudas hoy son limitadas y repletas de condicionamientos.

Si el actual gobierno colombiano espera obtener el concurso de los británicos, haría bien en aprender la lección que ignoraron sus antecesores: evitar la hipérbole, hacer propuestas con sentido antes de pasar el sombrero y establecer responsabilidades de manera correcta, comenzando con las propias.

La clave para cumplir con estos tres requerimientos la tiene un grupo de investigadores de la Universidad de Essex. La resumen en una frase, una sola: “Conectar la justicia transicional y la responsabilidad corporativa”.

Distinguen entre la transición argentina o sudafricana, que llaman “paz negativa”, y el proceso de paz en Colombia. En el primer caso, los mecanismos de justicia transicional enfatizaron la violación de derechos civiles y políticos. El papel de las corporaciones e intereses económicos fue secundario. ¿El resultado? La situación económica en ambos países amenaza la continuidad del proceso de democratización.

En Colombia sabemos que las variables económicas pueden determinar el éxito o el fracaso del proceso de paz. Desde la concentración de la tierra hasta las denuncias de cooperación por parte de corporaciones y otros intereses dinerarios con el paramilitarismo o la guerrilla, como el narcotráfico y el boom extractivista.

Por ello es ingenuo pretender, como parece hacerlo el Gobierno, que bastará con una “paz negativa” sin discutir temas como estos que constituyen la nuez del conflicto. No sólo hay que discutir en el país la inclusión de las corporaciones y los grandes capitales legales e ilegales en los mecanismos de justicia transicional. También reconocer que hay casos pendientes, tanto en Colombia como en EE.UU., en los cuales se acusa a corporaciones de haber sido agentes de la violación de derechos.

Si Santos desea interesar a la sociedad británica en la paz de Colombia, no sólo a un gobierno cuyas prioridades no son las nuestras, su mejor opción es apostarle a propuestas como las de Essex. Ello quiere decir buscar su apoyo y el de otros grupos que en Gran Bretaña ya se interesan en el país, incluyendo los exiliados por el conflicto, con el fin de superar el enfoque tradicional de los procesos transicionales que se ocupa sólo de juicios criminales e impunidad.

Estos últimos pueden señalar a las corporaciones, pero la responsabilidad criminal de las mismas es bien limitada. Los remedios civiles y extralegales parecen prometer más.

Cabe explorar nociones de posesión adversa del derecho común anglosajón para fundamentar una restitución de tierras que pueda blindar a las comunidades campesinas emergentes de los efectos menos felices de los tratados bilaterales de protección financiera y de comercio.

De paso, habrá que revisar los tratados bilaterales anglocolombianos para evitar que se repitan los casos de expoliación de los recursos de biodiversidad y cultura —dos de las mayores fortalezas del país para su posible reconstrucción posconflicto— o la limitación de las capacidades regulativas del gobierno colombiano bajo el pretexto de proteger la inversión extranjera.

Esta cuestión de la dimensión social y económica de los procesos de justicia transicional está lejos de ser resuelta. Pero es vital que los colombianos la tomemos en serio, y es en los trabajos de investigadores y activistas anglosajones donde podríamos encontrar las claves para hacerlo. Santos debería enfocar su petición de colaboración y financiamiento en tal dirección. Existe además otra buena razón para ello: quienes lideran estos campos en el mundo anglosajón, como en el caso de la universidad de Essex o Birkbeck College, son colombianos. Sería ejemplar que cerebros fugados tan brillantes como Clara Sandoval o Enrique Prieto fueran la cuota “británica” para la paz en Colombia.