¡Empiezan los diálogos de paz!

La reconstrucción y reconciliación nacional deben empezar en las zonas periféricas de Colombia, la “Colombia Profunda”, donde la tragedia del país se ha vivido con mayor intensidad. El país debe transformarse, como dice el Padre Francisco de Roux: “de abajo hacia arriba”, con un papel protagónico de las comunidades que viven en las regiones. Son ellas las que saben lo que necesitan, las que tienen en cuenta los beneficios y costos de sus decisiones sobre las generaciones futuras, y las que pueden hacer uso de controles efectivos de supervisión colectiva.

Estas ventajas del nivel comunitario se desaprovechan cuando la ejecución y el control presupuestal se hacen desde una oficina en Bogotá. Tampoco se logra mucho cuando se les entregan los recursos económicos a los buscadores de rentas y a los corruptos de las regiones.

No es la ausencia del Estado la que explica el abandono de ciertos territorios sino la presencia de una forma particular de Estado: la de ciertas élites regionales que, con beneplácito de algunos representantes del poder político nacional, gobierna, administra, y roba los recursos públicos.

Aunque es cierto que atajar la corrupción no es un problema coyuntural, el respaldo internacional a los acuerdos de la Habana, con una clara inyección de recursos económicos, ofrece una oportunidad excepcional para crear organismos administrativos diferentes a los actuales. La preocupación por la eventual malversación de los recursos del postconflicto puede motivar la creación de instituciones con mayor participación de la sociedad civil y con mayor transparencia. Esto podría mejorar la gestión pública en general y garantizar la participación democrática de las comunidades, excluidas del ejercicio político por la violencia.

Imaginen, por ejemplo, presupuestos participativos, con comités conformados por líderes comunitarios, empresariales, académicos, con representantes del Gobierno y de los países donantes, que deciden el uso de los recursos públicos de las regiones. Este esquema iría más allá de la descentralización de papel. Puede requerir incluso reformas constitucionales. Y aunque se propiciarían escenarios de fuerte debate, las ventajas del control político serían indudables. Estos serían los verdaderos diálogos de paz.

La paz es la manifestación de un acuerdo social de largo plazo. Dados los intereses particulares de cada grupo, la tarea es enorme. Habrá más diálogo y menos sometimiento si los más débiles, los miembros de las comunidades regionales, son fortalecidos. Este debe ser ahora un asunto prioritario de la sociedad civil y la comunidad internacional que apoya el proceso. ¡Empiezan los diálogos de paz!

El autor es el Director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.