¿De parte de los violadores o de la justicia?

Para mí está claro que por nuestra naturaleza es imposible no involucrarnos cuando comunicamos e informamos sobre algún tema. Hoy haré el ejercicio de opinión pública más difícil que me haya propuesto en mi existencia. El tema de la rebaja de penas por redención en los delitos sexuales; una realidad que me parte la cabeza y el corazón —que despierta el lado más oscuro de mi imperfecta humanidad— que opaca cualquier destello de vida espiritual que yo practique y estremece todo mi ser que desde el subconsciente se hace insensible y con vergüenza lo admito, pincha mi lado fascista, ese que, lo reconozcamos o no, todo mortal lleva dentro. Nada de lo que explico que me produce este tema, me enorgullece. Simplemente me desnudo ante ustedes con el ánimo de que entiendan que no pretendo dar cátedra de moral alguna.

El coste de esta nota sé que posiblemente sea la de perder la simpatía de varias de las personas que me han acompañado en mi causa –Soy Feminista-Combatiente de la violencia sexual–, ciudadana, madre, esposa, amiga y el título del que hago gala con orgullo es el de mujer, eso sí, llena de dilemas. Una feminista artesanal, consciente, que tiene claro que no existirá justicia social ni paz mundial sin todas las versiones de mujeres libres para ejercer sus derechos sin políticas patriarcales y cultura del machismo, que entiende como compromiso la ponderación de los derechos de todas las personas no solo de las de mi género. Que anhela con ansias el día que las sociedades reconozcan un solo género. El género humanidad.

He comprendido la dimensión del ejercicio profesional de los abogados y por eso no tengo reparo en aceptar que conozco al jurista Augusto Alfonso Ocampo Camacho, el abogado reconocido por asumir la defensa de las causas justas en Colombia. Sí, el mismo profesional que hace aproximadamente cinco años desde su oficina como litigante en el área penal asumió, entre otras, la defensa de más de 30 sujetos investigados por delitos sexuales; el mismo que logró demostrar en los estrados judiciales que seis de esos procesados eran inocentes, víctimas de mujeres perturbadas que alienaron a sus hijos e hijas para que afirmaran las mentiras que ellas sostuvieron, y se atrevieron a denunciar.

Informaron los medios de comunicación cómo el penalista Ocampo Camacho logró que varios presos sindicados de ser autores de violación accedieran a la redención de las sanciones penales, por vía de tutela. Histórico pronunciamiento que hoy es avalado por la Corte Constitucional y obliga en lo sucesivo a los jueces de la República a resolver en el mismo sentido, es decir, a reconocer rebaja de penas por trabajo y/o estudio a sentenciados por delitos sexuales y a reconocer el derecho a la resocialización.

Pese a que no estoy de acuerdo, como defensora feminista radical pensante, con el beneficio que otorga la Corte Constitucional a estos abusadores en los términos que ya describí, comprendo que el reconocido jurista Augusto Ocampo simple y llanamente privilegia el respeto de la Constitución Política, del régimen penal vigente y en general de la ley. Entiendo que no solo es el ejercicio de su compromiso profesional como penalista defensor, sino que es su deber ético. Como nota al margen es mi deber precisar que este abogado adicionalmente es especialista en Investigación Criminal, posgrado que cursó hace más de diez años, lo que lo obligó a adquirir conocimientos en antropología criminal, criminalística, victimología, penología, psicología criminal y criminología. Se vale recordar que fue el mismo abogado que denunció formalmente los casos de pederastia que protagonizó el sacerdote católico Efraín Rozo Acuña, que no le tembló el pulso para pedir que se emitiera orden de arresto contra el vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Bogotá por no atender la tutela que ordenaba cumplir un derecho de petición relacionado con las acciones que la autoridad católica hubiera adelantado para investigar casos de pederastia por el sacerdote; conductas punibles que bajo la complicidad de otros religiosos, como el cardenal colombiano de la época, Aníbal Muñoz Duque, fueron encubiertos por la curia. Nunca antes alguien había logrado que la Iglesia tuviera que revelar documentos. Este abogado colombiano lo logró. Lamentablemente, por el paso de los años, estos delitos sexuales contra niños quedaron en la impunidad por prescripción de la acción penal.

A lo anterior se suma que, de un tiempo a la fecha, el mismo jurista ha sido mi aliado en temas de violencias de género, intrafamiliar, sexual, económica y, hoy en día, feminicidios. Decenas de mujeres han logrado sacar adelante sus casos con sus asesorías. Por eso, al conocer la calidad profesional y humana de este hombre asumo que hace su trabajo como le corresponde, circunstancia que no lo convierte en violador, pedófilo o cómplice de estos delitos. Tengo claro que la justicia puede ser popular o impopular, pero siempre debe ser acatada.

Lo que me resulta a todas luces inaceptable e indignante es que supuestos defensores de derechos de los niños, mujeres y víctimas en general, hayan dedicado horas de su tiempo a atacar al abogado en las redes sociales sin investigar si existen estudios serios sobre el tema de la reincidencia de los violadores hoy reconocidos como enfermos, si es en realidad la conducta del violador una enfermedad, si tienen cura o no; y si no creen en los resultados de estudios me choca que no busquen profesionales serios para realizar estudios independientes y corroborar o descartar lo que ya se ha dicho sobre el asunto.

El deber que tenemos como sociedad es presentar un proyecto de acto legislativo que reforme la Constitución Política para que de una buena vez se castigue de manera ejemplar y sin beneficio alguno a los autores de los delitos sexuales cuyas víctimas la mayoría de las veces son niños, niñas y mujeres. Es tanta nuestra ignorancia, que no sabemos lo ridículo que es enfilar reparos contra la Corte Constitucional creyendo que es ella la que dice, por ejemplo, que el violador de su hermana de tres años puede tener rebaja de pena. No sabemos que no lo dice la Corte sino la Constitución, y que este Tribunal cumple su trabajo al hacer cumplir la ley de leyes. Salí de mi ignorancia cuando el también abogado penalista Iván Cancino desde su cuenta personal en twitter señaló sobre el tema: “…Todos los que tenemos hijos o hijas también tenemos la obligación de obrar con la Constitución, no con el querer…” “…La Corte no debe escuchar clamor popular, eso le toca al Congreso; la sentencia fue en derecho…”.

Con el dolor que me produce tolerar el reconocimiento de la redención de penas para esos inhumanos delincuentes, tengo que aceptar que tanto la Corte Constitucional como el profesional letrado en leyes con riguroso sustento jurídico en ese plano acertaron. Somos mayoría quienes insistimos en que los violadores se “pudran” en las cárceles. Hoy dicha sentencia obliga a que en el futuro todos los jueces de Colombia resuelvan similares casos de manera idéntica, es decir, permitiéndoles a los inhumanos violadores gozar de la libertad antes de purgar efectiva material y físicamente la pena completa que les fue impuesta y en que en todo caso, al menos para mí, igualmente se queda corta. No quiero venganza, como muchas personas piden. Yo exijo justicia ejemplarizante sin beneficios ni cariños posteriores a la condena para los criminales que, al momento de dañar, no calcularon que el mal que producían se extendería en las vidas de sus víctimas más allá de la pena que eventualmente ellos tendrían que afrontar.

Que en el plano eminentemente jurídico-penal-constitucional comprenda la tarea del aparato judicial y de sus actores, jueces y abogados, no significa que, resignada y entregada a dicha realidad, renuncie a mis principios y creencias íntimas. Como feminista deseo garantizar una vida libre de violencia sexual para las niñas, mujeres, niños y víctimas en general. Por eso, para modificar esas normas que hoy nos impiden tener la tranquilidad de saber entre rejas indefinidamente a los sujetos criminales violadores, desde este espacio convoco para que se retome la iniciativa antes frustrada de modificar nuestra Carta Política en materia de condenas por delitos sexuales.

El dolor de las familias y de las víctimas de violadores respalda por lo menos las penas sin reducción a las agresiones sexuales, sanción que considero que en nada repara a las víctimas, pues nadie se recupera de una violación así algunas personas insistan en proclamar que lo hicieron. Sus miedos, sus depresiones, sus instintos suicidas, sus falencias afectivas, sus adicciones a las drogas médicas o adicciones sociales y un sinnúmero de conductas humanas dejan claro que nunca lo superaron.

Confieso que la escena del pedófilo en la película Ninfomaníaca me lleno de compasión por la miserable vida de los pedófilos abstinentes y, aun así, no me libero del miedo que siento por el peligro que representan las decenas de pedófilos no abstinentes. Llevo dos días preguntándome una y otra vez : Si tuviera el poder político Mar Candela, ¿tendría los ovarios al menos para mirar para otro lado mientras otros le quitan la vida al violador? No lo creo. No siempre nuestras posturas personales sobre temas de carácter social y humano son las posturas justas y éticas. No siempre somos buenas personas.

Reprocho la doble moral de quienes se rasgan las vestiduras porque un abogado hace su trabajo y no hacen el trabajo juicioso para que no se reduzcan penas por delitos sexuales. Me reprocho mi ignorancia y mis contracciones. Me declaro culpable de no querer convertirme en todo lo que odio y por esa razón, considerando la pena de muerte como pena capital justa para violadores, no busco promoverla. Creo firmemente que el día que tenga los ovarios para asesinar a alguien, no en legítima defensa propia sino por hacer justicia de mi propia mano, me habré convertido en todo lo que he combato con mi existencia y no habrá valido la pena un solo segundo de mi resistencia.

* Ideóloga, Feminismo Artesanal