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La administración de Claudia López está en la recta final y ya tiene claras sus últimas apuestas: Policía local, Equipos Territoriales de Convivencia, Estatuto de Valorización y el hospital de Engativá son algunas de ella. En entrevista con El Espectador, el secretario de Gobierno, José David Riveros, explicó de qué trata cada proyecto y qué viene para la ciudad en estos cinco meses que le quedan de administración.
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Mejorar la seguridad de la capital, esa es la gran apuesta del Distrito a través de una policía local y otros proyectos. ¿De qué tratan?
El proyecto de la policía local es la posibilidad de que las ciudades con más de dos millones de habitantes puedan tener una policía propia, una policía que sea obviamente pública, estatal, con servidores públicos y que estén bajo el régimen disciplinario de cualquier servidor público.
Y la idea es que esas ciudades puedan, con sus recursos, tener un cuerpo de policía que se dedique básicamente a los delitos propios de la ciudad, por ejemplo, homicidio simple, hurto y en temas de espacio público como el transporte. Y que la Policía Nacional se pueda encargar un poco más de los temas grandes como: narcotráfico, organizaciones armadas, entre otros. Es un tema de complementariedad con la Policía Nacional, pero en ningún momento es reemplazar a la Policía Nacional ni mucho menos, sino que en estas ciudades se pueda contar con otro cuerpo de policía que permita tener una mejor capacidad en esta ciudad.
También está el proyecto de los Equipos Territoriales de Convivencia.
Este va de la mano con el anterior, y es el de los Equipos Territoriales. Hoy la Policía tiene un desgaste muy fuerte en asuntos de convivencia menores como el ruido entre vecinos, el ruido de un establecimiento de comercio, que alguien saca la basura en horarios inadecuados o que alguien no paga el pasaje en Transmilenio, esos actos no son asuntos penales, por supuesto, son contradicciones del Código Nacional de Convivencia y Seguridad.
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Y hoy la Policía es quien tiene que ir a poner un comparendo o hacer un sellamiento, y la verdad muchos temas de convivencia son de esa naturaleza, lo que nosotros queremos es poder descargar un poco a la Policía de esa labor y que unos funcionarios públicos puedan hacer eso, hacer sellamientos, y que las alcaldías locales puedan poner los comparendos.
Eso nos permite dos cosas: tener mayores capacidades, pues la administración ya tiene unos funcionarios de alcaldías locales. Y también nos permite relegar un poquito a la Policía o descargarlos de estas labores para que puedan dedicarse a los temas de delitos.
¿Quiénes van a conformar estos equipos? ¿Habrá requisitos o serán ciudadanos del común? Y, ¿cuántos Equipos Territoriales van a ser?
Son equipos que incluso hoy ya funcionan en instituciones o entidades que tienen funciones de policía, no son funciones como la policía uniformada, sino que son funciones que el Código de Convivencias las llama así para temas de convivencia.
Que el alcalde local sea el que haga un sellamiento de un establecimiento de comercio de un bar que tiene ruido y que no tenga que ser la Policía. Entonces serían las alcaldías locales, funcionarios de esas alcaldías, autoridades de policía e incluso hay muchas secretarías que tienen capacidades o más bien funciones de inspección y vigilancia.
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Son equipos que ya están creados, pero que en el fondo no tienen la capacidad jurídica de poner el comparendo o el sellamiento, son esos. Y serían funcionarios públicos que entrarían con los mismos requisitos de mérito que tiene cualquier funcionario público de acuerdo a su escala.
Eso por el lado de seguridad. Ahora, ¿de qué trata el proyecto de la actualización del Estatuto de Valorización?
Lo que se busca es actualizar el Estatuto de Valorización. Una norma que está hace más de 36 años y a la que se le quiere modificar básicamente cuatro cosas en particular: la primera es que las obras de valorización se la cobren a los ciudadanos una vez se termine o que al menos tenga el 50% del avance.
Segundo, que los proyectos de valorización estén debidamente planeados, es decir, que al menos estén contemplados en los Planes Distritales de Desarrollo respectivamente o en el Plan de Ordenamiento Territorial. Y que las obras tengan estudios y diseños definitivos.
El tercer componente es que por una única vez se pueda autorizar al IDU a que haya una deducción de los recursos de obras de valorizaciones pasadas y que ni siquiera se han comprometido, ese sería el caso de algunas obras que se encuentran en Puente Aranda.
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Y el cuarto, es que las personas que tengan obras de valorización al frente de sus inmuebles puedan ser beneficiarias de un descuento para conocer justamente quienes van a estar más afectados porque la obra les queda justo enfrente. Esos son los cuatro puntos principales del proyecto que presentamos.
¿Y cuál es el paso a seguir con estos tres proyectos? ¿En qué van?
Ya se los presentamos formalmente al Gobierno Nacional, en el consejo de Seguridad en el que estuvo el ministro de Defensa, quien quedó con el compromiso de evaluarlos, obviamente no, no dio una respuesta definitiva sobre si sí o no los apoyaba. Pero le pedimos que fueran analizados en el Consejo de Gobierno de ellos para que tomen una posición. Y lo más seguro es que los proyectos queden radicados el martes (8 de agosto de 2023).
Hay otros dos proyectos que vienen en cola, ¿cuáles son?
Sí, hay otros dos. Uno se presentó ante el Concejo de Bogotá como un proyecto de acuerdo para poder construir el Hospital de Engativá, que es una obra que cuesta casi un billón de pesos y la idea es poder hacer esa contratación para su construcción. Este es un proyecto que radicamos ayer (2 de agosto), en la tarde.
Y el otro es un proyecto que también se radicará ante el Congreso, buscando que en Bogotá pueda haber un régimen contractual en el que exijamos que los contratistas que hagan las grandes obras de Bogotá, las de mayor magnitud, tengan una mayor experiencia en Bogotá, es decir, que no tengamos necesariamente los mismos requisitos que tiene un contratista en un municipio de categoría cuatro, porque las obras de Bogotá no son de esa naturaleza, entonces es poder exigir un mayor requisito de experiencia en contratación con obras en ciudades similares a la capital o de la misma ciudad.
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Finalmente, ya quedan menos de 6 meses para que se acabe la administración, ¿cuáles son esos retos que tiene pendientes la Secretaría de Gobierno para poder superar en este tiempo?
La primera es consolidar de manera definitiva nuestro programa de ‘Parceros por Bogotá’, que es una iniciativa que ayuda a jóvenes en condición de vulnerabilidad y lo que hacemos es construirles un proyecto de vida, están con nosotros seis meses, además, de manera paralela, buscamos que se acerquen a cualquier oferta de empleo y de educación.
Lo segundo, yo creo que son los temas de reactivación económica, lo que han hecho las alcaldías locales con todo el programa de ‘Bogotá local’ que nos ha permitido llegar a 10.000 empresas, y de eso también todavía hay convocatoria abierta en varios de esos procesos. Queremos finiquitar de manera perfecta esto para terminar la consolidación de la economía de Bogotá y que se recupere.
El tercer gran reto de la Secretaría de Gobierno es la reformulación de la política pública de los grupos étnicos. Espero que esté terminada en octubre, ahorita estamos en concertación con las cuatro comunidades. Y, por último, pues seguramente a nosotros nos toca apoyar bastante en temas logísticos las elecciones que se vienen, para garantizar unas elecciones tranquilas con todas las garantías.
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Por Sara Caicedo
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