«Vamos a enfrentar a los abogados sin escrúpulos»

Para hacer frente a este caso, el Gobierno creo la Unidad de Defensa Jurídica de la Nación y encargó esta responsabilidad al exconstitucionalista Fernando Carrillo, quien tendrá que administrar un presupuesto de US$10 millones para poner en orden la casa y frenar el desangre que están sufriendo las finanzas del Estado por cuenta de las demandas.

¿Cómo está en términos reales la defensa jurídica de la nación?

Hay una estrategia, si es que existe, bastante descoordinada, desvertebrada, débil y vulnerable. Vamos a tratar de romper la tradición donde los abogados se aprovechan de la debilidad del Estado porque no encuentran contraparte.

¿Cuál va a ser la estrategia para enfrentar esos carteles de abogados?

Hay una serie de abogados que se dedican a recoger poderes y se quedan con un porcentaje muy alto de las pretensiones de pensionados y asalariados, eso es un conducta totalmente condenable. No se están defendiendo el interés del ciudadano sino sus bolsillos. Cuando un abogado sin escrúpulos piense que puede demandar al Estado porque con seguridad va a ganar el proceso, lo tendrá que pensar dos veces porque se va a encontrar con una pared inmensa.

¿De cuántos procesos estamos hablando?

La situación es complicada. Son más de 225 mil procesos contra todas las entidades del orden nacional. No los podemos asumir de inmediato, lo vamos a hacer de forma paulatina y el propósito es tomar los casos que por su importancia, por su cuantía y por su nivel de complejidad, ameritan la presencia de la Agencia.

¿A cuánto ascienden las pretensiones?

Esta es un cifra escandalosa que tampoco creo que se acerque a la realidad. Las pretensiones superan los $1.000 billones.

Aprobaron un Conpes por US$10 millones para la defensa jurídica del Estado ¿Qué va a hacer con toda esa plata?

Con todas las necesidades de defensa jurídica, el presupuesto es poco pero debemos ser muy eficientes. Chile que gana el 70% de las demandas y Brasil el 75%, el caso de Colombia es muy complejo: no ganamos más del 35%. Acá el gran desafío es crear esa capacidad institucional de tener una defensa sólida y coordinada.

¿Qué ha pasado con la revisión que pidieron por el caso de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán?

Tenemos una gran oportunidad en involucrarnos en la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en este momento se está llevando a cabo. Este tipo de irregularidades que se presentaron en el caso Mapiripán no se deben dar. No se explica por qué en la etapa probatoria nunca se verificó quiénes eran las víctimas. Debemos aportar para modernizar el sistema. Yo no soy de los que creen, como algunos sectores de derecha, que hay que enfrentar el sistema.

¿Hay más casos de irregularidades de ese estilo en denuncias ante tribunales internacionales?

Esos son temas sobre lo que nos estamos documentando. Pero por ahora debemos evitar que eso siga ocurriendo y que el Estado se defienda y se defienda bien.

¿Las demandas son una vena rota para las finanzas de la nación?

Sin lugar a dudas, lo que estamos haciendo es precisamente ponerle un torniquete a esa vena rota. Para eso vamos a tener a los mejores juristas del país, para enfrentar todas las fuentes de litigios que afectan al país. Debemos ser una fuente de control y asesoría en ese tema.